La justicia migratoria de los Estados Unidos ordenó la expulsión de Digsan García Rodríguez, un exteniente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba y antiguo jefe de sector en Santa Fe, municipio Playa, La Habana, tras denuncias de víctimas que lo vinculan con abusos de poder, persecución y actos represivos en la Isla.
La decisión fue emitida por un juez de inmigración en Nebraska. Para ejecutar la deportación, las autoridades seleccionaron a Guatemala como país receptor, debido a un acuerdo que permite a ese país centroamericano recibir a migrantes expulsados de EEUU cuando sus naciones de origen no los aceptan.
García Rodríguez formó parte durante años de la estructura policial del régimen cubano en el reparto Santa Fe, una zona costera ubicada al oeste de La Habana. Como jefe de sector de la PNR, tenía control directo sobre denuncias, expedientes locales, vigilancia comunitaria y coordinación con órganos de seguridad.
Su nombre llegó a las autoridades estadounidenses después de que activistas y víctimas documentaran señalamientos en su contra.
Los testimonios lo describen como un funcionario que habría utilizado su cargo para intimidar, presionar y castigar a ciudadanos considerados incómodos para el aparato represivo cubano.
Para sectores del exilio, la medida muestra que las denuncias documentadas contra antiguos miembros de estructuras policiales y militares de la dictadura pueden tener efectos concretos en procesos migratorios dentro de EEUU.
Denuncias por represión en Santa Fe
Una de las acusaciones más conocidas fue presentada por Kamila García, quien afirmó haber sido acosada por el entonces oficial. Según su relato, García Rodríguez intentó sostener una relación sexual con ella y, tras ser rechazado, habría iniciado una persecución que terminó con su encarcelamiento.
La denunciante sostiene que el exteniente fabricó un expediente con acusaciones falsas para justificar una sanción por “peligrosidad predelictiva”. Esa figura fue usada durante años en Cuba para castigar a personas no por delitos cometidos, sino por una supuesta conducta futura.
De acuerdo con su testimonio, el expediente incluyó señalamientos inventados, entre ellos el presunto robo de ropa tendida en viviendas cercanas. Con esa documentación, Kamila García fue enviada a prisión durante dos años.
La denuncia fue difundida por activistas como ejemplo del empleo arbitrario del sistema judicial cubano contra ciudadanos sin garantías reales de defensa. También reforzó los señalamientos sobre el papel de oficiales de base en el control social y la intimidación política dentro de las comunidades.
Exilio cubano y revisión migratoria en EEUU
Las acusaciones contra García Rodríguez no se limitaron a ese episodio. Kamila García ha señalado que otras mujeres también habrían sido víctimas de conductas similares. Según los denunciantes, el exoficial aprovechaba la autoridad del uniforme para ejercer presión sobre jóvenes de la zona.
Tras llegar a EEUU, García Rodríguez habría mantenido un perfil bajo. Sin embargo, organizaciones y activistas del exilio comenzaron a identificar a antiguos funcionarios cubanos señalados por represión, abusos y violaciones de derechos humanos.
Ese trabajo incluyó la recopilación de fotografías, documentos, testimonios y declaraciones de víctimas. El nombre del exteniente fue incorporado a una lista enviada por el congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez al Departamento de Seguridad Nacional.
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