El régimen de Cuba continúa adoptando un papel de víctima y defendiendo a sus conglomerado empresarial, GAESA, ante las sanciones de Estados Unidos y las acusaciones de corrupción y malos manejos, esta vez a través de su prensa estatal.
El medio estatal Cubadebate publicó un análisis para rechazar el aumento de publicaciones y comentarios sobre el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), mientras la paraestatal militar enfrenta nuevas sanciones de la administración del presidente Donald Trump y mayores dificultades en sus operaciones económicas.
En el texto, que apareció en un momento de creciente presión sobre una estructura empresarial que controla sectores estratégicos de la economía cubana, el medio oficialista victimiza al conglomerado como un blanco del oportunismo de EEUU, una mera excusa para presionar económicamente al país.
Según el llamado Observatorio de Medios del medio estatal, el incremento de contenido relacionado con GAESA durante mayo y junio no responde a un interés espontáneo de usuarios y medios, sino a una acción política organizada desde Washington y amplificada por plataformas y medios asentados principalmente en el país norteamericano.
La publicación surge semanas después de nuevas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump. El 1 de mayo fue firmada una orden ejecutiva que amplió las restricciones sobre actores vinculados al aparato estatal cubano y abrió la posibilidad de aplicar sanciones a empresas extranjeras que mantuvieran relaciones comerciales con entidades relacionadas con GAESA.
“La campaña contra GAESA funciona así como una extensión comunicacional de la política de máxima presión: primero se fabrica el pretexto, luego se justifica la sanción y finalmente se normaliza la idea de que más coerción contra Cuba sería legítima”, señala el texto.
Pocos días después se anunciaron las primeras designaciones oficiales. Entre las entidades afectadas aparecieron GAESA, miembros de su estructura directiva y otras empresas asociadas.
Posteriormente, varias compañías extranjeras comenzaron a alejarse de negocios vinculados al conglomerado para evitar posibles sanciones secundarias.
Las consecuencias alcanzaron distintos sectores económicos controlados por el grupo empresarial. Durante años GAESA amplió su presencia sobre áreas clave como el turismo, las remesas, las tiendas en divisas, servicios financieros, logística y operaciones portuarias.
Una parte importante de la actividad económica estatal pasa por empresas vinculadas a esa estructura. El impacto de las restricciones ocurre además en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Cuba.
Los apagones prolongados continúan afectando a distintas provincias, la escasez de combustible sigue limitando la actividad productiva y sectores como el turismo han mostrado dificultades para recuperar ingresos.
Reportes de medios independientes han señalado que algunas operaciones comerciales y acuerdos con empresas extranjeras comenzaron a enfrentar mayores obstáculos tras el endurecimiento de las sanciones.
En un escenario marcado por falta de liquidez y problemas de financiamiento, cualquier reducción de socios comerciales representa una presión adicional para empresas estatales ya afectadas por la caída de ingresos y la escasez de recursos.
Cubadebate indicó que analizó más de 4.000 publicaciones difundidas entre enero de 2025 y junio de 2026 y aseguró que la mayoría del contenido apareció durante los meses recientes, coincidiendo con las nuevas medidas estadounidenses y con declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio.
El medio estatal sostuvo que “el salto no responde a una evolución gradual del debate, sino a una operación política, que intenta convertir a GAESA en símbolo único de todos los problemas de Cuba y, desde ahí, justificar nuevas presiones económicas, diplomáticas y eventualmente coercitivas de EEUU”.
El artículo también forma parte de una serie de mensajes oficiales publicados durante las últimas semanas para defender al conglomerado.
Mientras las autoridades destacan su funcionamiento, críticos y analistas independientes continúan señalando la falta de información pública sobre las operaciones de una estructura empresarial que administra una parte significativa de los recursos económicos del país y cuya actividad permanece fuera del control público.
