El paquete de 176 medidas económicas aprobado en junio por las autoridades cubanas podría facilitar el traspaso de bienes estatales hacia personas relacionadas con la cúpula política y militar, advirtió Food Monitor Program.
La organización independiente considera que la conversión de empresas públicas en sociedades por acciones, sin controles institucionales, amenaza con consolidar un modelo de “capitalismo de compinches” en Cuba.
Las disposiciones recibieron el respaldo del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio. Dos días después fueron ratificadas por la Asamblea Nacional.
El programa está dividido en 23 ejes e incluye cambios en los subsidios, apertura a capital extranjero, banca privada, casas de cambio y modificaciones en la estructura de las compañías estatales.
Privatización sin controles beneficiaría a la élite cubana
Food Monitor Program concentró sus críticas en la eventual venta de participaciones de empresas que hasta ahora pertenecen al Estado. La entidad teme que esos activos terminen bajo el control de funcionarios, militares o empresarios favorecidos por sus vínculos con el poder.
“La venta de participaciones en empresas estatales, sin licitaciones transparentes, tribunales independientes, auditorías públicas y control ciudadano, puede reproducir patrones conocidos de ‘capitalismo de compinches’: una transición en la que el patrimonio acumulado bajo control estatal pasa a manos privadas vinculadas al poder, mientras la población que durante décadas sostuvo los costos de la economía estatizada queda excluida de sus beneficios”, señaló la organización.
Este modelo concede ventajas empresariales mediante permisos, beneficios fiscales, subsidios y obstáculos contra posibles competidores.
En Cuba, las preocupaciones se concentran en GAESA, el conglomerado dirigido por las Fuerzas Armadas que controla sectores estratégicos y mantiene una amplia red de compañías dentro y fuera de la Isla.
Alertan sobre una posible oligarquía vinculada al PCC
El economista Mauricio de Miranda Parrondo describió las reformas como un posible avance hacia un “capitalismo autoritario patrimonial” administrado por el Partido Comunista. Su análisis compara el proceso con las privatizaciones opacas aplicadas en Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética.
El actor Luis Alberto García también pidió impedir que dirigentes partidistas, diputados o mandos militares adquieran acciones sin presentar antes sus patrimonios ante una auditoría independiente.
“Ya en los países del extinto bloque comunista de Europa del Este, tras su caída estrepitosa, vimos la mágica y rápida conversión de funcionarios partidistas y militares de alto rango en acaudalados empresarios con plata que no provenía de sus salarios anteriores”, escribió en Facebook.
Crisis alimentaria aumenta el riesgo para la población
Food Monitor Program cuestionó además que La Habana atribuya sus problemas económicos principalmente a las sanciones estadounidenses. La organización señaló como causas internas la baja producción agrícola, la ineficiencia de las empresas públicas, la falta de transparencia y la persecución de sectores independientes.
“La existencia de una presión externa no exime al Estado cubano de sus obligaciones internas en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, indicó.
Según sus estudios, el 96,91% de los cubanos enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria. En el 33,9% de los hogares, al menos una persona se acostó con hambre durante los últimos 30 días. Otro 78% considera que la situación actual supera la gravedad del Período Especial de la década de 1990.
La entidad exigió publicar el contenido completo de las 176 medidas, identificar a sus responsables y someter cualquier venta de bienes públicos a auditorías independientes. También reclamó proteger el derecho a la alimentación y permitir la fiscalización de la prensa y la sociedad civil.
“De lo contrario, los cambios recientes terminarán administrando una transición desigual en beneficio de un capitalismo autoritario y patrimonialista”, concluyó.
