
Cuatro cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en la distribución de marihuana mediante redes sociales. Un juez ordenó prisión preventiva justificada contra los acusados, quienes podrían recibir condenas de entre tres y ocho años, dependiendo de la conducta que logre demostrar la Fiscalía.
Los imputados fueron identificados como Edilberto “N”, Nicolás “N”, Pablo “N” y Hans “N”. Agentes los detuvieron en el Boulevard Puerto Cancún durante un operativo derivado de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo, confirmó Periódico Cubano a través del medio local Cambio 22.
Según la Fiscalía General del Estado, los cuatro hombres presuntamente utilizaban plataformas digitales, principalmente Facebook, para contactar compradores, coordinar entregas y comercializar sustancias ilícitas en Cancún.
Después de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control consideró que existían elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal. La vinculación no equivale a una condena, sino que permite continuar las investigaciones bajo supervisión judicial.
Edilberto “N” y Nicolás “N” fueron procesados por el presunto suministro de cannabis sativa L. Pablo “N” y Hans “N”, por su parte, enfrentan cargos por posesión del mismo estupefaciente con fines de suministro.
Aunque el expediente es investigado por autoridades de Quintana Roo, las sanciones por narcomenudeo se encuentran establecidas principalmente en la Ley General de Salud de México.
El artículo 475 dispone una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 400 días de multa para quien, sin autorización, comercialice o suministre narcóticos en cantidades comprendidas dentro de los límites establecidos para el narcomenudeo.
Esta sería la sanción que podrían enfrentar Edilberto y Nicolás si fueran declarados culpables del suministro de cannabis. La condena definitiva dependerá de las pruebas, la cantidad incautada y las circunstancias específicas del caso.
Para la posesión de drogas destinada a su venta o suministro, el artículo 476 contempla entre tres y seis años de cárcel, además de una multa de 80 a 300 días. Ese rango podría aplicarse a Pablo y Hans en caso de una sentencia condenatoria.
Las penas pueden aumentar cuando concurren agravantes, como el suministro a menores, la utilización de personas vulnerables o la comisión del delito cerca de centros educativos, asistenciales, policiales o penitenciarios. La Fiscalía no informó que estas circunstancias estén presentes en el expediente.
Las primeras indagatorias también señalan posibles vínculos de los acusados con robos y extorsiones mediante el denominado cobro de piso, principalmente en sectores relacionados con la Zona Hotelera de Cancún. Esas sospechas continúan bajo investigación y no forman parte del referido proceso judicial.
La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas para determinar si otras personas colaboraban con la presunta red. Los cuatro imputados deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.

