El líder de la brigada internacional de rescate Topos de Chile, Francisco Lermanda, denunció este lunes el constante acoso y las interrupciones operativas que sufren por parte de las fuerzas militares venezolanas en La Guaira.
Los oficiales del régimen exigen documentos de identidad a los especialistas extranjeros incluso dentro de los túneles colapsados que estos cavan para salvar sobrevivientes.
El hostigamiento ocurre en medio de la crítica situación humanitaria generada por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026. Los ciudadanos locales denuncian que el control político del gobierno de Delcy Rodríguez sabotea activamente las labores de auxilio internacional.
Las tropas del Ministerio del Interior ingresan directamente a los perímetros inestables de desastre para someter al personal humanitario a controles migratorios reiterados.
La jefatura del contingente chileno catalogó estas acciones como interferencias severas a la seguridad técnica de las misiones de salvamento urbano. Según los rescatistas, la hostilidad de los uniformados responde a sospechas políticas infundadas que entorpecen la localización rápida de personas atrapadas en los escombros de las edificaciones civiles.
“Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles…porque nosotros hacemos túneles y nos metemos por eso nos llaman topos y lo hicieron para pedirle los documentos”, relató Lermanda, visiblemente afectado por los obstáculos logísticos en el litoral venezolano.
La insistencia burocrática de las patrullas policiales y militares reduce el tiempo de maniobra de los brigadistas. Las primeras 72 horas posteriores al movimiento telúrico resultan determinantes para extraer supervivientes con traumatismos graves en estructuras colapsadas.
Los oficiales asignados al área de la catástrofe justifican las fiscalizaciones constantes bajo la premisa de la seguridad nacional y el espionaje internacional.
Las restricciones operativas reflejan el temor de la cúpula oficialista de perder el control de la zona de desastre ante delegaciones extranjeras. Los militares sostienen órdenes explícitas de supervisar a los voluntarios ante supuestas amenazas externas originadas en países de la región.
“Cuando una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: ‘oye amigo tú me has pedido mis documentos al menos 5 veces en los días que tenemos aquí y ya tú me conoces, por qué lo haces?’ El militar respondió: ‘porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo porque ustedes pueden ser espías yanquis o de Chile”, explicó el líder de los Topos de Chile sobre las explicaciones recibidas en el terreno de operaciones.
Las comunidades de la diáspora latina en el extranjero condenaron el uso de criterios ideológicos para limitar el trabajo voluntario de organizaciones con prestigio global.
La denuncia de la delegación chilena desató una ola de reacciones en redes sociales por parte de ciudadanos atrapados y exiliados venezolanos.
Los usuarios de las plataformas digitales expresaron vergüenza colectiva por el trato recibido por los rescatistas y pidieron disculpas públicas en nombre de la población civil afectada. Los internautas asocian este acoso con el patrón de intimidación institucional que padece el país.
“Está viviendo en carne propia lo que hemos vivido los venezolanos los últimos 20 años en las alcabalas”, manifestó un ciudadano afectado en las redes sociales independientes. Los sobrevivientes equiparan las revisiones arbitrarias en los túneles con los retenes militares cotidianos que restringen la libre circulación en el país. Los residentes de La Guaira afirman que el control social prevalece sobre la vida humana.
Los reclamos de los ciudadanos señalan además que la indolencia de los cuerpos de seguridad agrava la crisis en las zonas incomunicadas. Los familiares de las víctimas consideran insólito el nivel de sospecha militar frente a un grupo de voluntarios equipados con herramientas de rescate sísmico.
“Bienvenido a la Venezuela socialista, donde es más importante el control y el autoritarismo que salvar vidas”, recriminó otro afectado.
Ver esta publicación en Instagram
Los habitantes locales suponen que el despliegue militar busca resguardar recursos de contrabando conectados al aeropuerto de Maiquetía, más que proteger el perímetro civil. La insistencia en vigilar cada excavación refuerza la hipótesis del encubrimiento económico.
“Qué se entere el mundo entero que el régimen está obstaculizando la ayuda, nos están matando a todos los venezolanos”, suplicó una víctima en los canales de mensajería digital.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos documentan estos testimonios para elevar quejas ante los organismos internacionales de socorro. Los migrantes exigen que la Organización de las Naciones Unidas intervenga para garantizar la autonomía de los brigadistas.
Las brigadas de rescate internacionales evalúan si mantendrán sus posiciones en el litoral central ante la falta de garantías operativas y el asedio de las patrullas.
Las limitaciones logísticas impuestas por el chavismo reducen el impacto positivo de la cooperación internacional provista por los países de América Latina. Los médicos de campaña insisten en la urgencia de desmilitarizar los centros de distribución de insumos.
La situación de los Topos de Chile visibiliza a nivel internacional las complejidades de operar bajo regímenes de corte autoritario durante catástrofes de gran magnitud.
Los expertos en gestión de emergencias recuerdan que la centralización forzada de los rescates perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la población. Las próximas jornadas definirán si las fuerzas militares cesan el hostigamiento contra el voluntariado civil.
