Más de un millón de personas inscritas en planes del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, podrían enfrentar revisiones y perder su cobertura si las autoridades determinan que obtuvieron los beneficios de manera fraudulenta.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) informó que esos expedientes no tienen un número de Seguro Social registrado, según el reporte de Newsweek.
Periódico Cubano confirmó que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, señalaron que la cifra representa una señal de alerta sobre posibles irregularidades dentro del mercado federal de seguros médicos.
.@DrOzCMS and I are exposing how bad actors exploited the Obamacare marketplace by enrolling people without proper verification and profiting at taxpayers’ expense.
The Trump Administration is taking decisive action to stop these corrupt schemes, recover taxpayer dollars, and… pic.twitter.com/ea5dN31S9n
— Secretary Kennedy (@SecKennedy) June 27, 2026
Kennedy afirmó en un mensaje en video que el sistema de Obamacare está “plagado de fraude” y responsabilizó a la Administración de Joe Biden de haber debilitado los mecanismos destinados a verificar la identidad y la elegibilidad de los solicitantes.
El funcionario calificó la ausencia de números de Seguro Social en más de un millón de registros como una “señal de advertencia evidente”. Oz agregó que algunas inscripciones podrían estar relacionadas con corredores de seguros que registraron a personas sin verificar correctamente sus datos o incluso sin su consentimiento.
La Administración de Donald Trump ha intensificado durante los últimos meses las investigaciones sobre posibles fraudes en programas federales de salud. Las autoridades aseguran que ya bloquearon cerca de 2.9 millones de inscripciones consideradas incorrectas, mientras otras 2.6 millones permanecerían bajo revisión.
El Gobierno estima que las inscripciones indebidas pudieron generar alrededor de 10.000 millones de dólares en gastos públicos entre 2021 y 2024. Los planes del mercado de la ACA reciben subsidios financiados por los contribuyentes, por lo que cualquier registro fraudulento puede provocar pagos gubernamentales injustificados.
Entre las principales señales de alerta aparecen las solicitudes presentadas por corredores sin toda la documentación requerida. También preocupan las inscripciones en pólizas con primas de cero dólares, debido a que algunos consumidores podrían no advertir que fueron añadidos a un plan.
No obstante, los funcionarios no han afirmado que el millón de casos constituya fraude confirmado. Un informe del HHS publicado en junio identificó esos registros como sospechosos, especialmente cuando fueron tramitados con asistencia de intermediarios, pero la falta de un número de Seguro Social no demuestra por sí sola una irregularidad.
Las normas actuales permiten que determinados inmigrantes con presencia legal en EEUU se inscriban en planes de la ACA utilizando otros documentos de identidad. Personas con visas de trabajo o residencia permanente pueden, en ciertos casos, solicitar cobertura sin presentar un número de Seguro Social.
Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, advirtió que no existen pruebas de un fraude generalizado. Según explicó, el debate suele concentrarse en una cantidad limitada de casos problemáticos mientras se ignora que la mayoría de las inscripciones serían legítimas.
Drew Powers, fundador de Powers Financial Group, también pidió cautela. Señaló que adquirir una póliza mediante el mercado de Obamacare no implica automáticamente que las primas o los copagos estén siendo cubiertos con dinero de los contribuyentes.
El HHS anunció que reforzará los controles para localizar registros sin documentación suficiente, verificar la identidad de los beneficiarios y determinar cuáles inscripciones deben cancelarse. Quienes hayan proporcionado información falsa o recibido subsidios sin cumplir los requisitos podrían perder el seguro y enfrentar otras consecuencias administrativas.
