La Fiscalía General de la República explicó este lunes el funcionamiento de la Ley No. 168 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en Cuba desde julio de 2026.
La normativa establece cómo los ciudadanos pueden solicitar datos a instituciones estatales, aunque mantiene amplias excepciones que permiten al régimen reservar información por motivos políticos, judiciales, económicos o de seguridad nacional.
El texto legal recibió la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de julio de 2024. Sin embargo, no apareció en la Gaceta Oficial hasta el 9 de enero de 2026. Su aplicación comenzó tras concluir el periodo de 180 días dispuesto para que las entidades estatales prepararan los mecanismos necesarios.
La legislación se presenta como la primera regulación integral en la Isla sobre el acceso ciudadano a documentos públicos. También define las responsabilidades de los organismos gubernamentales en materia de divulgación y rendición de cuentas.
¿Qué establece la nueva ley de transparencia?
La Fiscalía indicó que la norma desarrolla varios derechos incluidos en la Constitución de 2019. El artículo 53 reconoce la posibilidad de solicitar al Estado información “veraz, objetiva y oportuna”. Otros apartados regulan la protección de los datos personales y exigen transparencia en la actuación de funcionarios e instituciones.
La ley crea el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, conocido como CITMA, tendrá a su cargo la coordinación de ese mecanismo.
Los organismos gubernamentales, empresas estatales y entidades encargadas de administrar bienes o recursos públicos figuran entre los denominados sujetos obligados. Estas instituciones deberán publicar información de interés general sin esperar una petición formal.
Instituciones tendrán 15 días para responder
Los ciudadanos podrán presentar solicitudes y las entidades dispondrán de 15 días hábiles para contestarlas. El plazo solo podrá extenderse cuando existan razones justificadas, según lo estipulado en la legislación.
No obstante, el propio articulado abre la puerta a restricciones. Las autoridades podrán negar datos relacionados con la defensa, la seguridad nacional, la soberanía, las investigaciones judiciales, los secretos comerciales y la información personal.
La amplitud de estas categorías genera dudas sobre el alcance real del mecanismo, debido a que el Estado cubano suele invocar razones de seguridad para limitar la actividad periodística, la difusión de estadísticas y el escrutinio de la gestión pública.
Cuba entre los países con menor libertad de prensa
La entrada en vigor ocurre mientras la Isla conserva uno de los escenarios más restrictivos para periodistas y medios no controlados por el Partido Comunista. Cuba apareció en el lugar 160 de 180 naciones en la edición 2026 del Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras.
Organizaciones independientes registraron 1.188 violaciones contra comunicadores, activistas y ciudadanos durante 2025. En enero de 2026 documentaron otras 114 agresiones, entre ellas decenas de detenciones arbitrarias.
La Constitución, además, reserva la propiedad de los principales medios de comunicación al Estado o a organizaciones autorizadas por este. Ese modelo impide el desarrollo legal de una prensa independiente y mantiene la información pública bajo control gubernamental.
La Fiscalía afirmó que la ley permitirá “fortalecer la cultura de la transparencia” y alcanzar “una gestión pública más eficiente, organizada y participativa”. Su efectividad dependerá de si las instituciones entregan información sensible o utilizan las excepciones previstas para mantener el habitual secretismo oficial.
