El régimen cubano publicó un proyecto de ley que concentraría en el Ministerio del Interior el control de la identidad física y digital, los datos biométricos y el domicilio de cubanos y extranjeros residentes en la Isla.
Según confirmó Periódico Cubano la propuesta, divulgada este viernes por la Asamblea Nacional, todavía no ha sido aprobada. Tampoco especifica la fecha en que será discutida o sometida a votación por los diputados.
El proyecto contiene 73 artículos y entregaría la dirección del sistema a la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, subordinada al MININT.
La base de datos reuniría información personal, familiar, física y residencial de cada ciudadano. El mismo organismo administraría los registros, autorizaría las consultas y certificaría la identidad digital.
Riesgos para opositores y periodistas
Entre los datos biométricos que serían almacenados figuran el rostro, la voz, el iris, las huellas digitales, la firma, el color de la piel, los ojos y la estatura.
El registro incluiría además el domicilio, la fecha y el lugar de nacimiento, el sexo, la ciudadanía y los nombres de padres y abuelos. Tendría sede en La Habana y alcance nacional.
La concentración de esos datos en un organismo vinculado a la seguridad del Estado plantea inquietudes sobre su posible uso para identificar, ubicar y seguir a opositores, activistas y periodistas independientes.
Ese riesgo cobra relevancia en un país donde organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, vigilancia, citaciones policiales y restricciones contra ciudadanos críticos del Gobierno.
El proyecto menciona la protección de datos personales, pero deja para un futuro reglamento los mecanismos de acceso, la seguridad informática, las multas y las infracciones.
Domicilio e identidad digital bajo control estatal
La propuesta obligaría a cada residente a registrar un solo domicilio y mantenerlo actualizado. Propietarios y arrendadores tendrían que informar quién vive en sus inmuebles y cuándo abandona el lugar.
El MININT designaría al único proveedor autorizado de identidad digital. También podría suspender o revocar su certificación como sanción administrativa, aunque el texto no define las conductas castigadas.
Los ciudadanos estarían obligados a mostrar el carné ante autoridades y funcionarios. La falta de controles independientes sobre el MININT aumenta las dudas sobre el alcance real del sistema y las garantías frente a posibles abusos.
