El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) anunció este miércoles que permitirá a actores no estatales gestionar farmacias y residencias para adultos mayores, como parte de un nuevo decreto que flexibiliza actividades privadas.
Las autoridades presentaron la medida como un complemento a la red pública ante el desabastecimiento de medicamentos y el aumento de personas mayores que viven solas.
Según la disposición publicada en la Gaceta de Cuba y fuentes consultadas por Periódico Cubano, el cambio no incluye la prestación privada de servicios médicos. La atención sanitaria en sus tres niveles continuará bajo control estatal, mientras los hospitales mantendrán la gratuidad y el Minsap conservará la dirección metodológica del sistema.
Farmacias privadas ante la escasez de medicamentos
Las mipymes, cooperativas no agropecuarias y empresas privadas podrán administrar servicios farmacéuticos. Esta autorización introduce una alternativa no estatal en un sector marcado por la escasez de medicinas en la red pública.
Los establecimientos deberán funcionar en locales con condiciones adecuadas de humedad, temperatura y almacenamiento. El ministerio descartó el uso de portales de viviendas u otros espacios que no cumplan las normas sanitarias.
Cada farmacia tendrá que contar con personal farmacéutico calificado, habilitación del Minsap y una licencia operativa. También deberá someterse a las inspecciones previstas por las autoridades.
Los medicamentos ofrecidos necesitarán registro sanitario y autorización para su comercialización en Cuba. El Gobierno afirmó que estas exigencias buscan garantizar seguridad y evitar la venta de productos sin respaldo regulatorio.
El MINSAP aseguró que las farmacias privadas no sustituirán a las comunitarias estatales. Estas últimas conservarán los precios subsidiados y, según las autoridades, seguirán teniendo prioridad dentro del sistema.
Residencias privadas para adultos mayores
El decreto también autoriza residencias privadas de cuidado diurno y permanente para adultos mayores. Cuba tiene un 26,7 % de población envejecida, mientras la emigración ha elevado el número de ancianos que permanecen solos.
Cada institución podrá disponer de hasta 60 plazas. El 10 % deberá reservarse para personas vulnerables remitidas por el Estado, mediante un sistema de pago regulado.
La atención médica corresponderá al médico de familia del área, quien realizará al menos una visita mensual. Los cuidadores y titulares deberán recibir capacitación obligatoria impartida por las áreas de salud.
Las residencias mantendrán un vínculo permanente con el policlínico correspondiente. Esa relación incluirá supervisión epidemiológica, higiénica y dietética, además del seguimiento de las condiciones del servicio.
Apertura limitada y bajo supervisión estatal
El MINSAP y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales supervisarán la calidad, los precios y el funcionamiento de ambos servicios. Las autoridades insistieron en que “esto no es privatización”, sino una apertura limitada que mantiene bajo control estatal la atención médica y la regulación del sector.
