Una corte federal de apelaciones dictaminó el jueves que el gobierno de Estados Unidos no puede impedir que inmigrantes detenidos dentro del país soliciten una audiencia para intentar obtener su libertad bajo fianza.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que podría beneficiar también a migrantes cubanos, fue adoptada por 2 votos contra 1 y representa un nuevo revés judicial para la política de detención obligatoria impulsada como parte de la estrategia de deportaciones de la Casa Blanca.
El tribunal, con sede en San Francisco, concluyó que los extranjeros arrestados en el interior del país no deben quedar automáticamente privados de la posibilidad de pedir una fianza mientras se resuelven sus procesos migratorios. Uno de los integrantes de la mayoría fue Daniel Bress, juez designado por el propio Trump.
Tribunales se dividen sobre las detenciones sin fianza
El pronunciamiento amplía una marcada discrepancia entre las cortes federales. Otros cuatro tribunales de apelaciones han rechazado la interpretación defendida por el gobierno, mientras el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, ubicado en St. Louis, han fallado a favor de la administración.
La diferencia de criterios podría llevar el conflicto hasta la Corte Suprema. El gobierno federal ya solicitó al máximo tribunal estadounidense que examine la controversia y establezca una interpretación uniforme de la legislación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó la resolución. La agencia señaló que “discrepa firmemente del panel del Noveno Circuito y confía en su postura legal respecto a la detención obligatoria”.
“El presidente Donald Trump y el secretario Mullin están aplicando la ley tal como fue redactada originalmente para mantener a Estados Unidos seguro”, agregó el comunicado.
Política de Trump cambió décadas de práctica migratoria
Durante administraciones anteriores, los inmigrantes sin antecedentes penales detenidos lejos de la frontera podían solicitar ante un juez su liberación mediante el pago de una fianza mientras continuaban sus procedimientos. La detención automática se aplicaba principalmente a personas interceptadas en zonas fronterizas.
Esa práctica comenzó a cambiar en julio de 2025, cuando las autoridades migratorias ordenaron extender la detención obligatoria a extranjeros localizados dentro del territorio estadounidense. La medida provocó numerosas demandas de personas que reclamaban la posibilidad de comparecer ante un juez para solicitar su salida de los centros de detención.
Incluso varios jueces federales han cuestionado al gobierno por incumplimientos de órdenes judiciales que exigían celebrar esas audiencias.
Juez nombrado por Trump rechaza argumento del gobierno
La administración sostiene que una reforma migratoria aprobada por el Congreso en 1996 permite detener obligatoriamente a extranjeros más allá de la frontera y argumenta que gobiernos anteriores simplemente no utilizaron esa facultad.
Bress rechazó esa lectura. “Aunque ninguna interpretación de las complejas e interrelacionadas disposiciones textuales en cuestión está exenta de ciertos defectos, la interpretación histórica del estatuto es la más acertada”, escribió.
La jueza M. Margaret McKeown, nombrada durante la presidencia de Bill Clinton, respaldó esa conclusión. Carlos Bea, designado por George W. Bush, discrepó y consideró que el texto y el propósito de la reforma de 1996 respaldan la posición del gobierno.
El desenlace puede resultar relevante para inmigrantes de la Isla que han sido detenidos dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito, aunque cada caso dependerá de su situación migratoria y de las normas aplicables mientras continúa la disputa judicial.
