El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado 123 demandas civiles para retirar la ciudadanía desde el 20 de enero de 2025, una ofensiva sin precedentes que también alcanza a varios cubanos naturalizados. Las autoridades sostienen que los señalados ocultaron delitos, ofrecieron información falsa o incumplieron requisitos legales durante sus respectivos procesos migratorios.
La magnitud de la iniciativa contrasta con décadas anteriores. Entre 1990 y 2017, el Gobierno federal promovió 305 procedimientos de este tipo, equivalentes a un promedio de apenas 11 cada año. La cifra acumulada desde enero de 2025 refleja, por tanto, un aumento considerable en el uso de esta herramienta judicial.
Todd Blanche, fiscal general en funciones, confirmó el alcance de la estrategia al anunciar otras 25 acciones: “La ciudadanía estadounidense es uno de los privilegios más altos de nuestra nación y debe obtenerse de manera legal y honesta. Las presentaciones de hoy representan el mayor esfuerzo coordinado de desnaturalización en la historia del Departamento, pero son solo el comienzo”.
Cubanos figuran entre los ciudadanos bajo investigación
La actual campaña ha afectado a decenas de migrantes que ya contaban con una ciudadanía estadounidense, entre ellos varios de origen cubano. Periódico Cubano ha compilado un listado de los cuatro casos conocidos hasta el momento:
Milagros Marileisis Acosta Torres, cubana de 40 años. Según las autoridades, antes de naturalizarse intervino en una conspiración relacionada con el fraude a un casino tribal de Florida. El esquema utilizó vales de crédito falsos para sustraer millones de dólares. Posteriormente, Acosta Torres habría realizado operaciones financieras destinadas a encubrir el origen del dinero.
Otro proceso involucra a Leidys Delmas García, de 54 años. La cubana fue condenada por conspiración para cometer fraude sanitario. Su caso está relacionado con unas 30 clínicas de fisioterapia en Florida que, según el expediente, facturaron aproximadamente 36.728.595 dólares a Blue Cross Blue Shield por tratamientos innecesarios o servicios que nunca llegaron a prestarse.
El DOJ también solicitó el 31 de julio retirar la ciudadanía a Jairo Javier Pedron Tellez, cubano de 29 años. Los fiscales alegan que omitió informar durante su naturalización su participación previa en una conspiración de fraude bancario y robo agravado de identidad. Entre 2015 y 2017, el grupo habría obtenido correspondencia ilegalmente para apropiarse, modificar y cobrar cheques, con pérdidas cercanas a 175.000 dólares.
Yoskmaikel Rodríguez Pérez, de 45 años, enfrenta igualmente una demanda. Llegó a obtener la residencia permanente en 2004 y se naturalizó en 2018. Sin embargo, las autoridades aseguran que antes de convertirse en ciudadano operó una supuesta clínica que presentó reclamaciones fraudulentas a Medicare superiores a 886.694 dólares.
La demanda contra Rodríguez Pérez fue presentada el 18 de junio de 2026 en el Distrito Sur de Florida. El Gobierno argumenta que ocultó su conducta y declaró falsamente bajo juramento durante el trámite migratorio. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico.
Brett A. Shumate, fiscal general adjunto, afirmó que “cada uno de estos individuos cometió delitos incompatibles con la ciudadanía estadounidense” y señaló que el Departamento avanza “a velocidad récord” con estas acciones. Los procedimientos son civiles y buscan determinar judicialmente si las naturalizaciones fueron obtenidas de manera ilegal o mediante declaraciones falsas.
