Estados Unidos formalizó este miércoles 5 de agosto las sanciones contra Miguel Díaz-Canel, varios integrantes de su familia y miembros del entorno de Raúl Castro, además de cinco organismos y empresas vinculados al Gobierno cubano. La medida quedó publicada en el Registro Federal y consolida las designaciones aplicadas el pasado 4 de junio bajo la Orden Ejecutiva 14404.
El aviso 2026-15827 del Departamento de Estado no introduce nuevas penalizaciones. Su publicación incorpora oficialmente los nombres al registro público de personas y entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Díaz-Canel y familiares permanecen bajo sanciones de EEUU
Además de Díaz-Canel, Washington mantiene sancionados a su esposa, Lis Cuesta Peraza; Manuel Anido Cuesta, hijo de Cuesta; Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de este último. El documento establece diferentes fundamentos para cada designación, entre ellos ocupar cargos dentro del Gobierno cubano o ser familiares adultos de personas bloqueadas.
Los bienes e intereses de esas personas sujetos a la jurisdicción estadounidense permanecen bloqueados. Las restricciones también impiden, salvo autorizaciones específicas, operaciones que involucren a personas o compañías estadounidenses.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo, amplió las herramientas de Washington para sancionar a funcionarios, organismos y personas que apoyen al aparato estatal cubano.
MINFAR, CDR e ICAP figuran entre las entidades designadas
La lista incluye al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Amistur Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A. El Registro Federal identifica al MINFAR y al ICAP como organismos del Estado cubano, mientras atribuye a los CDR actuaciones en nombre del Gobierno.
Minera La Victoria fue sancionada por operar en el sector cubano de metales y minería. La compañía pertenece en partes iguales a una subsidiaria de Antilles Gold Limited y a una filial de la estatal Geominera S.A. Tras la designación, la firma australiana suspendió su participación directa en la administración y financiación del proyecto y anunció conversaciones con autoridades estadounidenses.
Alejandro Castro Espín también aparece en el documento
Entre las figuras más relevantes está Alejandro Castro Espín, identificado durante años con el aparato de seguridad cubano y conocido también por su participación en las negociaciones secretas que precedieron al acercamiento diplomático entre La Habana y Washington durante la Administración de Barack Obama.
Cuando anunció las medidas en junio, Marco Rubio afirmó que Washington estaba apuntando a “la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba”. También advirtió sobre posibles consecuencias para quienes presten servicios a actores sancionados.
La formalización confirma así la continuidad de la estrategia de presión de la Administración Trump sobre la estructura política, militar y empresarial controlada por el régimen cubano, mediante sanciones dirigidas tanto a altos dirigentes como a organismos y compañías vinculadas al Estado.
