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Régimen cubano recurre a los privados para sostener la alimentación del SAF

Las nuevas normas del SAF permiten sumar negocios privados, comedores estatales y organizaciones sin fines de lucro, mientras persisten problemas de abastecimiento y calidad
¿Qué cambia en el SAF? Cuba abre el programa a privados en plena crisis
Las nuevas reglas amplían las opciones de gestión, pero no garantizan por sí mismas que aparezcan los alimentos necesarios ni que sean accesibles para los beneficiarios. (Foto © Periódico Cubano)

El Gobierno cubano actualizó las reglas del Sistema de Atención a la Familia (SAF) para ampliar desde agosto la participación de entidades estatales, negocios privados y organizaciones sin fines de lucro en la prestación del servicio.

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) presentó los cambios el 11 de agosto de 2026 con el objetivo declarado de mejorar la alimentación y sostener un programa dirigido principalmente a adultos mayores y personas vulnerables.

Según fuentes consultadas por Periódico Cubano, la reforma llega en un momento especialmente complejo. El propio MINCIN reconoce que entre los principales desafíos figuran la calidad de las comidas y conseguir un suministro estable de productos, dos problemas que ponen a prueba la capacidad real de las nuevas regulaciones.

Privados podrán asumir servicios del SAF

Uno de los cambios centrales permite incorporar al SAF establecimientos gastronómicos administrados por formas no estatales, entidades públicas con comedores obreros e instituciones o asociaciones sin fines de lucro. Hasta ahora, el programa dependía en mayor medida de estructuras vinculadas directamente al Estado.

Los actores económicos interesados deberán presentar un proyecto cuando la empresa correspondiente anuncie la posibilidad de gestionar uno de estos establecimientos. Con este esquema, las autoridades trasladan parte de la operación hacia otros participantes de la economía, aunque mantienen el control sobre la incorporación al sistema.

La apertura evidencia además las dificultades de la red estatal para sostener por sí sola servicios sociales básicos. Cuba atraviesa una crisis marcada por escasez de alimentos, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de prestaciones públicas, agravada durante 2026 por la crisis energética y las restricciones estadounidenses sobre el suministro de combustible.

Cambios para quienes no pueden llegar a los comedores

Las nuevas disposiciones también modifican la atención a beneficiarios con limitaciones para desplazarse. Estas personas recibirán durante el horario del almuerzo la cantidad correspondiente a las dos comidas del día, y el responsable de prestar el servicio deberá garantizar su entrega.

El MINCIN establece además que los menús deben cumplir con los aportes nutricionales y calóricos previstos e incorporar la mayor cantidad posible de alimentos pertenecientes a los grupos básicos.

Ese objetivo, sin embargo, enfrenta un problema que supera las normas administrativas. La disponibilidad real de comida sigue siendo limitada para numerosos jubilados. Reuters documentó en junio que muchos adultos mayores sobreviven con pensiones de muy bajo valor y dependen de raciones estatales, ayuda familiar o asistencia de iglesias y organizaciones humanitarias.

Trabajadores sociales decidirán quién entra al programa

Los trabajadores sociales tendrán un papel central en la identificación de posibles beneficiarios. Deberán presentar las propuestas ante los Grupos de Atención a las Políticas Sociales de cada Consejo Popular, responsables de aprobar o rechazar las incorporaciones.

La presión sobre este sistema podría continuar creciendo por el envejecimiento demográfico. Más de una cuarta parte de la población cubana supera los 60 años, mientras la emigración ha reducido el número de jóvenes disponibles para sostener redes familiares de apoyo.

Las nuevas reglas amplían las opciones de gestión, pero no garantizan por sí mismas que aparezcan los alimentos necesarios ni que sean accesibles para los beneficiarios. El éxito dependerá de la capacidad para asegurar suministros, controlar costos y mantener una prestación estable, precisamente áreas donde el sistema acumula dificultades.

La actualización del SAF supone así otro paso del Gobierno hacia una mayor utilización del sector no estatal para mantener servicios que durante décadas estuvieron bajo responsabilidad directa de estructuras públicas. En medio de la actual crisis cubana, la prueba estará menos en las nuevas normas que en la comida que finalmente llegue a la mesa de los sectores más vulnerables.

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