El Comando Sur de Estados Unidos señaló a GAESA, conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como una estructura que representa un riesgo para la seguridad regional.
La advertencia aparece en un análisis publicado por la revista Diálogo de las Américas, donde se examina el peso económico del grupo y sus vínculos con empresas y gobiernos extranjeros.
Según la publicación, GAESA concentra buena parte de las actividades que generan divisas en Cuba. El conglomerado tiene intereses en turismo, comercio, banca, transporte y otras áreas estratégicas.
Washington considera que ese control permite al aparato militar cubano manejar recursos económicos con poca transparencia y utilizar la actividad empresarial como una herramienta de poder político.
La preocupación estadounidense también está relacionada con China y Rusia. El análisis sostiene que Pekín ha incrementado su cooperación con La Habana en telecomunicaciones, vigilancia y otras áreas estratégicas.
Para Washington, esos vínculos pueden facilitar la presencia de gobiernos considerados adversarios de EEUU a pocos kilómetros de su territorio.
La presión sobre GAESA aumentó en junio de 2026, cuando EEUU sancionó a nuevas empresas vinculadas con el conglomerado y argumentó que esas estructuras permiten al gobierno cubano controlar ingresos que deberían beneficiar a la población.
Las medidas buscan limitar el acceso de la élite gobernante a divisas y elevar los costos para las compañías extranjeras que mantengan negocios con entidades militares cubanas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha presentado a GAESA como uno de los principales problemas económicos de la Isla. En febrero, afirmó que el conglomerado militar controla alrededor del 40% del producto interno bruto cubano y cuestionó que sus ingresos no se traduzcan en mayores recursos para la población.
Estas acusaciones coinciden con un nuevo informe de 100 páginas del Departamento de Estado publicado el 20 de julio. El documento, titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, sostiene que La Habana representa una amenaza para la seguridad estadounidense por sus actividades de espionaje, infiltración, propaganda y vínculos con Rusia, China, Irán y Corea del Norte.
El documento señala además que la Isla se infiltra mediante ideologías seductoras en sus sectores jóvenes y educados, a través de las universidades, llegando a quienes eventualmente ocuparán cargos de poder.
El gobierno cubano rechazó esas acusaciones. El canciller Bruno Rodríguez calificó el informe como una justificación para mantener las sanciones y acusó a Washington de preparar argumentos para una eventual agresión militar.
El contraste entre las acusaciones de amenaza y la situación interna cubana también forma parte del debate. Cuba enfrenta apagones, escasez de alimentos y dificultades para acceder a medicamentos básicos.
Al mismo tiempo, el país norteamericano mantiene una capacidad militar muy superior. Según SIPRI, Washington gastó 954.000 millones de dólares en defensa durante 2025, el 33 % del gasto militar mundial y casi tres veces lo destinado por China, el segundo mayor gastador.
Por eso, la posición de Washington no sostiene que Cuba pueda enfrentar militarmente a EEUU en igualdad de condiciones. El argumento estadounidense se centra en otro punto: que una Isla con graves problemas económicos puede servir como plataforma de inteligencia, influencia y cooperación para gobiernos considerados adversarios.
La administración Trump mantiene así la presión económica y política sobre La Habana, aunque también ha señalado que prefiere una salida no militar al conflicto.
