Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron la plataforma Cuban Medical Brigades, donde es posible encontrar 209 informes sobre las misiones médicas enviadas por el régimen castrista a diferentes países, informó Martí Noticias.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, describe la plataforma como “el mayor expediente mundial sobre las misiones médicas cubanas”. El proyecto concentra contratos, convenios, normas, estadísticas y documentos oficiales de 60 países involucrados en las brigadas.
Además, hay más de 1.400 testimonios, recopilados desde 2018, para documentar presuntas prácticas de trabajo forzoso, confiscación salarial, vigilancia, restricciones personales y separación familiar.
La base de datos permite consultar las operaciones mediante un mapa interactivo y reconstruir aspectos como la cantidad de profesionales enviados, las entidades involucradas, los pagos realizados por gobiernos extranjeros y la remuneración que finalmente recibieron los trabajadores.
De los testimonios, 1.185 fueron obtenidos mediante procedimientos protegidos y constituyen la base de los porcentajes publicados, mientras otros 217 proceden de fuentes abiertas.
Prisoners Defenders sostiene que su archivo también incorpora información examinada posteriormente por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, entre ellos Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.
Más de 25.000 profesionales permanecían en misiones activas
Cuban Medical Brigades identifica 53 misiones que permanecían activas hasta junio de 2026 y estima que involucraban a unos 25.724 profesionales. Venezuela aparece como el principal destino, con alrededor de 13.000 trabajadores cubanos, seguida por México, con 3.849; Angola, con unos 3.000; y Argelia, con 955.
La propia investigación advierte que se trata de estimaciones elaboradas a partir de fuentes nacionales y que no existe un censo oficial único que permita establecer una cifra completamente uniforme.
Los testimonios describen condiciones que, según las organizaciones responsables del estudio, cuestionan el carácter voluntario de esos programas.
Entre los 1.185 entrevistados protegidos, el 77,72% respondió específicamente que su participación no había sido voluntaria, mientras el 89,79% señaló haber sido forzado a incorporarse o haber aceptado bajo circunstancias consideradas coercitivas. Además, un 32,41% afirmó que nunca recibió un contrato y otro 36,20% dijo haberlo firmado sin obtener una copia.
Las denuncias alcanzan también al control ejercido durante las misiones. El 77,64% reportó vigilancia de funcionarios cubanos o colaboradores, el 81,18% afirmó haber sufrido restricciones para desplazarse y el 70,04% expresó temor a que sus comunicaciones fueran intervenidas.
Cerca del 79% señaló que debía informar o solicitar autorización para determinadas relaciones personales o sentimentales con ciudadanos del país receptor, mientras tres de cada cuatro dijeron que no podían pasar la noche fuera del alojamiento asignado sin autorización.
La investigación asegura además que el 85,32% tenía que asistir a reuniones políticas y el 67,76% recibió instrucciones o estímulos para vigilar a otros compañeros. Otro 64,64% afirmó haber participado en actos de repudio contra profesionales que abandonaban los programas.
El informe vincula parte de estos controles con normas internas cubanas y cita, entre otras disposiciones, la Resolución 368 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Denuncian extensas jornadas y retención de gran parte de los pagos
La carga laboral constituye otro de los puntos analizados. Los participantes reportaron un promedio de 5,75 días de trabajo por semana y jornadas cercanas a las 10 horas diarias. Al contabilizar guardias y servicios extraordinarios, Prisoners Defenders calcula una media de 71,89 horas semanales.
Uno de los señalamientos más graves se refiere al dinero generado por los convenios. Los cálculos históricos indican que los profesionales recibieron en promedio alrededor del 15% de las cantidades comprometidas por las contrapartes extranjeras, mientras aproximadamente el 85% quedó en manos del Estado cubano, entidades intermediarias o debía ser devuelto por distintos mecanismos.
Entre los ejemplos recopilados aparecen casos en México donde el profesional habría recibido unos 200 dólares mensuales de 3.750 pagados por su trabajo al Estado cubano. En Calabria, Italia, el convenio estableció 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 destinados a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 entregados directamente al trabajador.
La separación familiar aparece entre los principales castigos
La plataforma registra también a 9.646 profesionales clasificados como “desertores” por abandonar una misión o negarse a regresar a Cuba. El 91,14% de los entrevistados afirmó que fue advertido de que permanecería hasta ocho años sin poder entrar a la Isla si dejaba el programa.
Las organizaciones explican que la llamada “ley de los ocho años” no corresponde a una única disposición, sino a la combinación de normas penales, migratorias y prácticas administrativas aplicadas por las autoridades cubanas.
Las consecuencias alcanzan directamente a las familias. El 48,19% de los profesionales analizados tenía hijos menores en Cuba durante la misión y el 40,51% aseguró haber estado o continuar separado forzosamente de ellos.
Al menos 53 declararon que las autoridades cubanas les impidieron regresar para visitar a sus hijos. El Código Penal vigente contempla además sanciones para determinados funcionarios y empleados públicos que abandonen misiones oficiales o se nieguen a regresar al país, uno de los elementos que Prisoners Defenders señala como parte del mecanismo de coerción.
