Leonardo Sánchez, un cubano con residencia permanente en Estados Unidos, fue enviado a Guinea Ecuatorial el 20 de agosto tras una deportación ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El hombre llegó al país africano con una hernia ventral de gran tamaño y asegura que no ha recibido atención médica adecuada ni una respuesta clara de las autoridades sobre su situación.
De acuerdo con un reportaje publicado por el diario español El País, el vuelo salió desde Alexandria, Luisiana, con destino inicial a Liberia. Sánchez viajaba junto a otros cuatro cubanos, pero al llegar a ese territorio africano se negaron a abandonar la aeronave y posteriormente fueron trasladados a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial.
El traslado se produjo sin aviso previo y terminó después de un recorrido de más de 36 horas. Durante el trayecto, los deportados permanecieron esposados de pies y manos, recibieron únicamente agua y sándwiches, y denunciaron que no tuvieron acceso al baño.
“Me oriné tres veces en los pantalones”, contó Sánchez durante una videollamada con la periodista Carla Colomé, de El País.
Una lesión grave complica la situación del cubano deportado
La condición médica de Sánchez es uno de los elementos centrales de su denuncia. Hace casi una década, el cubano sufrió varias heridas de arma blanca en Hialeah, Florida, que afectaron su intestino y lo mantuvieron 40 días en coma.
Su hermana Dorty Sánchez explicó las secuelas que dejó aquel ataque: “la piel quedó abierta y tuvieron que hacerle un injerto y ponerle el colon por al lado”.
Desde entonces, Leonardo Sánchez ha pasado por nueve operaciones y tenía prevista una décima intervención en el hospital Jackson Memorial de Miami. Actualmente padece una hernia ventral que le limita los movimientos, le impide cargar más de 20 libras y dificulta que pueda trabajar.
Tras su llegada a Malabo, fue alojado en el hotel Bamy, un establecimiento vinculado a la familia del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien permanece en el poder desde 1979.
El lugar funciona como centro de detención para migrantes deportados bajo un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Guinea Ecuatorial valorado en 7,5 millones de dólares. Los cubanos permanecen bajo vigilancia armada y tienen prohibido abandonar las instalaciones.
Familia de Leonardo Sánchez busca ayuda tras conocer su paradero
Sánchez relató que fue llevado a un hospital local, pero los médicos rechazaron atenderlo por falta de documentación. Según su testimonio, el personal sanitario preguntó al oficial que lo acompañaba si asumirían responsabilidad por su atención, pero este respondió que únicamente cumplía órdenes.
“En el hospital dijeron que si no tenía documentos, los médicos no se hacían responsables por mí. Le preguntaron al oficial que me llevó si ellos eran responsables, y dijo que no, que a él solo lo habían mandado”, afirmó.
El cubano aseguró que solo recibió paracetamol y que cuatro días después de su llegada seguía con la misma ropa con la que salió de Estados Unidos. También dijo que no tenía artículos básicos de higiene ni ropa para cambiarse.
“No valgo un medio”, expresó desde el hotel Bamy.
Su familia, residente en Lehigh Acres, Florida, conoció su ubicación mediante un video publicado en Facebook por otro deportado. Dorty Sánchez explicó que identificó a su hermano por las características descritas en la grabación.
Los familiares contrataron a un abogado de la firma Wannamaker para intentar gestionar su liberación por motivos médicos, pero aseguran que fueron engañados durante el proceso.
El envío de Sánchez forma parte de una política de deportaciones de cubanos hacia terceros países africanos, debido a que Cuba no recibe de forma regular vuelos de repatriación desde Estados Unidos.
Savi Arvey, directora de políticas para los derechos de refugiados e inmigrantes de Human Rights First, manifestó preocupación por las condiciones en Guinea Ecuatorial. “Las personas recluidas en el hotel se ven privadas de acceso a atención médica esencial y sometidas a condiciones que ponen aún más en riesgo su salud y su bienestar, al tiempo que sufren abusos físicos por parte de los guardias”, señaló.
En febrero de 2026, un juez federal en Massachusetts declaró ilegal esta política por considerar que vulneraba el debido proceso migratorio. La decisión permanece suspendida mientras continúa el proceso judicial.
