– X)
Washington ha llevado al escenario de Naciones Unidas sus acusaciones contra el conglomerado militar cubano GAESA, al que señala por acumular más de 18.000 millones de dólares mientras la población de la Isla enfrenta escasez de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad.
La Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas (USUN) volvió a colocar esta semana las finanzas del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) en el centro de la ofensiva diplomática de Washington contra el gobierno cubano.
En un mensaje difundido este miércoles en su cuenta oficial en X, la representación estadounidense ante la ONU denunció que, mientras los cubanos enfrentan hambre y necesidades básicas, GAESA y sus subsidiarias acumularían más de 18.000 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero.
La acusación lleva al principal foro multilateral una denuncia que Washington ha venido reforzando durante los últimos meses: que el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias concentra una enorme cantidad de recursos económicos sin transparencia ni supervisión pública.
La cifra no es nueva. En agosto de 2025, documentos financieros internos filtrados revelaron que GAESA disponía de alrededor de 18.000 millones de dólares en activos corrientes, una cantidad extraordinaria en comparación con la profunda crisis que atraviesa la economía cubana.
Más recientemente, funcionarios estadounidenses han utilizado esos datos para cuestionar por qué esos recursos no se destinan a aliviar las necesidades de la población.
.@AmbUNReform: As the Cuban people are starving, Cuba’s leaders continue to live opulent lifestyles.
Press reports indicate that Cuba’s military-owned conglomerate GAESA and its subsidiaries have accumulated more than $18 billion in overseas bank accounts.
Meanwhile, the US… pic.twitter.com/1d84iDz4Ft
— U.S. Mission to the UN (@USUN) August 27, 2026
La presión aumentó después de que Washington retomara el caso de la excontralora general Gladys Bejerano, quien había reconocido que su institución no podía fiscalizar directamente al conglomerado. Periódico Cubano informó este mes sobre los cuestionamientos de EEUU tras conocerse que la Contraloría carecía de facultades para auditar directamente a GAESA.
La disputa por GAESA llega al escenario de Naciones Unidas
La publicación de USUN no constituye una investigación o procedimiento abierto por Naciones Unidas contra GAESA. Se trata, en cambio, de una acusación formulada por la representación estadounidense utilizando la plataforma diplomática de la ONU para llevar el tema ante otros Estados miembros.
La estrategia tiene antecedentes recientes. El pasado 7 de julio, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General sobre Cuba, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el canciller cubano Bruno Rodríguez.
La reunión, convocada para discutir las sanciones estadounidenses, terminó convertida en un debate mucho más amplio sobre la situación interna de Cuba, la represión política y el control de los recursos nacionales.
Como informó entonces Periódico Cubano, Waltz rechazó los argumentos de Bruno Rodríguez ante la Asamblea General y acusó al gobierno cubano de responsabilizar a Washington por una crisis provocada, según EEUU, por sus propias políticas.
Durante aquella jornada, la delegación estadounidense también mostró ante la Asamblea fotografías de presos políticos cubanos, en otro intento de desplazar la discusión desde el embargo hacia la actuación interna del gobierno de La Habana. El episodio provocó varios enfrentamientos verbales entre ambas delegaciones.
La nueva publicación de USUN amplía ahora ese discurso hacia las finanzas de GAESA y el destino de los recursos que controla.
Washington convirtió las acusaciones contra GAESA en sanciones
La ofensiva no se ha limitado a declaraciones diplomáticas. El 1 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, mediante la cual amplió las facultades del gobierno estadounidense para imponer sanciones a personas y entidades vinculadas con el gobierno cubano y con sectores que Washington considera relevantes para su aparato de seguridad y control.
La propia Casa Blanca establece en el texto de la Orden Ejecutiva 14404 nuevas autoridades de bloqueo relacionadas con Cuba.
Seis días más tarde, el 7 de mayo, el Departamento de Estado designó formalmente a GAESA bajo esa orden. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) confirmó posteriormente la medida y precisó que las restricciones se extienden a empresas en las que GAESA tenga, directa o indirectamente, una participación de 50% o superior.
Desde entonces, la Administración Trump ha continuado ampliando la presión contra las empresas vinculadas al conglomerado. En junio, Estados Unidos sancionó nuevas entidades de su entramado empresarial, una ofensiva que incluyó compañías financieras estratégicas. Periódico Cubano explicó entonces qué implicaban las medidas contra BFI y RAFIN S.A. y cómo podían aumentar el aislamiento financiero del aparato estatal cubano.
Washington sostiene que uno de sus objetivos es dificultar que el conglomerado militar acceda al sistema financiero internacional.
OFAC ha advertido expresamente que personas no estadounidenses, incluidos bancos extranjeros, pueden exponerse a sanciones si realizan determinadas operaciones con GAESA, MININT, MINFAR o compañías controladas en al menos un 50% por esas instituciones.
La advertencia aparece en la FAQ 1258 publicada por el Departamento del Tesoro, que recomienda además a las instituciones extranjeras aplicar una diligencia reforzada antes de mantener relaciones comerciales con esas estructuras.
El efecto potencial de estas medidas va, por tanto, mucho más allá de impedir operaciones estadounidenses. Como explicó anteriormente Periódico Cubano, el riesgo de sanciones puede llevar a bancos, aseguradoras, proveedores y otras compañías internacionales a cortar relaciones con entidades cubanas señaladas por Washington.
Los 18.000 millones de GAESA bajo escrutinio
El elemento central de la nueva denuncia estadounidense es la magnitud de los recursos atribuidos a GAESA. Los datos originales proceden de documentos financieros internos del conglomerado correspondientes a 2024 y filtrados posteriormente a la prensa.
Los balances mostraban alrededor de 17.900 millones de dólares en activos corrientes, aunque debe hacerse una distinción entre esa cifra y la afirmación posterior de Washington de que más de 18.000 millones se encuentran en cuentas bancarias en el extranjero.
Los documentos filtrados y las investigaciones periodísticas posteriores han permitido conocer por primera vez parte de las dimensiones de un conglomerado que controla negocios en sectores como turismo, comercio minorista, remesas, cambio de divisas, transporte, combustible y operaciones vinculadas con la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Una investigación recogida por Periódico Cubano describió a GAESA como una estructura militar que maneja buena parte de los sectores cubanos capaces de generar divisas mientras el país atraviesa una prolongada crisis económica.
La falta de transparencia alrededor de esas cuentas se ha convertido precisamente en uno de los argumentos más utilizados por Washington.
En las últimas semanas, la Administración Trump ha intensificado sus mensajes contra el conglomerado. Funcionarios del Departamento de Estado han acusado al modelo económico controlado por los militares de concentrar la riqueza en manos de una pequeña élite, mientras la población dispone de cada vez menos oportunidades económicas.
Incluso el Comando Sur de Estados Unidos ha incorporado recientemente el conglomerado a su discurso sobre seguridad regional. Un análisis difundido por esa estructura militar estadounidense describió a GAESA como un factor de riesgo para la región por su peso económico y sus relaciones con gobiernos y compañías extranjeras.
Cuba responsabiliza a las sanciones; Washington apunta al control de los recursos
La Habana rechaza la interpretación estadounidense. El gobierno cubano sostiene que las sanciones y restricciones financieras de Estados Unidos constituyen una de las principales causas de la crisis económica que afecta al país y ha defendido públicamente a GAESA frente a las acusaciones de Washington.
La prensa oficial cubana también ha negado que el grupo constituya una estructura económica paralela y sostiene que sus ingresos se destinan a financiar actividades del Estado.
La Administración Trump plantea la tesis contraria: que el deterioro de las condiciones de vida no puede atribuirse exclusivamente a las sanciones estadounidenses cuando una estructura empresarial bajo control militar dispone, según los datos utilizados por Washington, de miles de millones de dólares en activos.
La disputa también ha llegado a Naciones Unidas en torno al efecto de las propias sanciones. En junio, después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cuestionara sus consecuencias sobre la población, el Departamento de Estado defendió que las medidas estaban dirigidas contra las estructuras del gobierno cubano y no contra los ciudadanos.
Ahora, al colocar los 18.000 millones atribuidos a GAESA directamente en el discurso de la Misión de EEUU ante Naciones Unidas, Washington intenta invertir uno de los argumentos históricos de La Habana ante ese organismo.
Frente a la acusación cubana de que el embargo y las sanciones estadounidenses son responsables de las privaciones que enfrenta la población, Estados Unidos está planteando ante la comunidad internacional una pregunta distinta: si el conglomerado militar dispone de semejantes recursos, por qué ese dinero no está siendo utilizado para aliviar la crisis que padecen los cubanos.
