El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó a los abogados de inmigración del gobierno intentar que determinados casos de asilo sean rechazados antes de que el solicitante llegue a una audiencia completa ante un juez.
La nueva directriz entra en vigor de inmediato y alcanza a los abogados de la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE (OPLA), encargados de representar al DHS en los procesos de deportación ante las cortes de inmigración.
Según una guía interna obtenida este jueves 3 de septiembre por Fox News, los abogados deberán presentar mociones para “pretermitir” aquellas solicitudes de asilo que consideren legalmente insuficientes desde el propio expediente.
En términos sencillos, el gobierno podrá pedirle al juez que descarte el caso anticipadamente argumentando que, incluso aceptando como ciertos los hechos expuestos por el inmigrante, esos hechos no bastan jurídicamente para concederle asilo.
Eso significa que determinados solicitantes podrían no llegar a la tradicional audiencia individual o “merits hearing”, donde normalmente tienen oportunidad de testificar extensamente, presentar documentos, llamar testigos y explicar ante el juez las circunstancias de su persecución.
La decisión final, sin embargo, no corresponde a ICE. Los abogados del gobierno presentan la moción, pero es el juez de inmigración quien determina si el caso debe ser rechazado anticipadamente o si puede continuar hacia una audiencia completa.
¿Qué casos de asilo en EEUU están en peligro?
La medida apunta a solicitudes consideradas “facially insufficient”, es decir, aquellas que no establecen a primera vista los requisitos jurídicos mínimos para obtener la protección. Para conseguir asilo en Estados Unidos no basta con demostrar que una persona sufrió dificultades, amenazas o incluso determinados actos de violencia.
Como regla general, el solicitante debe establecer persecución pasada o un temor fundado de persecución futura relacionado con al menos uno de los motivos protegidos por la legislación estadounidense: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.
También debe existir una relación jurídicamente suficiente —conocida como “nexus”— entre la persecución y ese motivo protegido. Por ejemplo, abandonar un país debido exclusivamente a problemas económicos, escasez, delincuencia generalizada o búsqueda de mejores oportunidades no constituye por sí mismo una base para obtener asilo.
El problema para algunos inmigrantes será que, bajo la nueva estrategia, ICE podrá argumentar que esos defectos son jurídicos y que, por tanto, no tiene sentido celebrar una audiencia completa para escuchar pruebas que, aun siendo ciertas, no cambiarían el resultado.
La medida llega pocos días después de que el DHS aclarara otra importante modificación que permite enviar determinadas solicitudes de asilo afirmativo directamente a una corte de inmigración sin una entrevista previa con USCIS.
El Gobierno llevaba más de un año preparando el terreno
La nueva orden a los abogados de ICE no surge de la nada. En abril de 2025, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), perteneciente al Departamento de Justicia, publicó una política titulada “Pretermission of Legally Insufficient Applications for Asylum”.
La directriz indicaba a los jueces que podían resolver anticipadamente solicitudes que no presentaran una vía jurídicamente viable para obtener protección. Meses después, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reforzó esa interpretación en el caso Matter of H-A-A-V-.
En esa decisión, emitida el 11 de septiembre de 2025, la BIA estableció que un juez puede rechazar sin una audiencia probatoria completa solicitudes de asilo, withholding of removal e incluso protección bajo la Convención contra la Tortura cuando los hechos alegados, considerados de la manera más favorable posible para el inmigrante, no demuestran una elegibilidad inicial para esas protecciones.
La doctrina continuó consolidándose durante 2026. En Matter of T-A-G-, por ejemplo, la BIA volvió a reconocer expresamente la posibilidad de pretermitir solicitudes de asilo sin llegar a una audiencia completa cuando no existe una base jurídica suficiente.
Ahora el DHS da un paso adicional: en lugar de limitarse a permitir que los jueces utilicen esa herramienta, instruye a los propios abogados de ICE para que busquen activamente esos rechazos anticipados.
¿Cómo puede afectar a los cubanos?
La medida merece especial atención entre cubanos con solicitudes de asilo defensivo pendientes en las cortes de inmigración. Ser ciudadano cubano, haber abandonado la Isla debido a la crisis económica o manifestar un rechazo general al sistema político no garantiza automáticamente que exista un caso de asilo jurídicamente suficiente.
En cambio, persecución relacionada con una opinión política real o atribuida, detenciones por actividades opositoras, amenazas vinculadas a la disidencia, represalias gubernamentales u otros hechos similares pueden ser relevantes para demostrar uno de los motivos expresamente protegidos por la ley.
La diferencia estará cada vez más en cómo están articulados los hechos y su conexión con los requisitos legales. Esto puede ser particularmente importante para personas que redactaron sus solicitudes I-589 sin representación legal, proporcionaron explicaciones muy breves o no dejaron suficientemente claro por qué la persecución que alegan ocurrió debido a una categoría protegida.
También existen cubanos actualmente en procesos de deportación pese a alegar persecución política. Un ejemplo reciente es el de una pareja de opositores que permanece bajo custodia de ICE mientras pelea sus casos migratorios y el riesgo de ser enviada nuevamente a Cuba.
La nueva política no significa que esos casos vayan a ser rechazados automáticamente, pero confirma que el gobierno está utilizando cada vez más herramientas procesales para intentar resolver solicitudes de asilo antes de llegar a las largas audiencias individuales.
ICE intensifica la ofensiva contra el fraude de asilo
La orden forma parte además de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra lo que considera abusos del sistema de asilo. En mayo, el DHS instruyó a ICE a reforzar las investigaciones y sanciones relacionadas con solicitudes fraudulentas, incluyendo posibles acciones contra abogados acusados de presentar deliberadamente casos falsos.
Ahora el objetivo se amplía desde el fraude hacia solicitudes que no necesariamente son falsas, pero que el gobierno considera jurídicamente deficientes. Esa distinción es importante: un caso puede ser verdadero y, al mismo tiempo, no cumplir los requisitos legales para recibir asilo.
La consecuencia práctica es que la preparación inicial de una solicitud y la respuesta a cualquier moción presentada por ICE adquieren todavía mayor relevancia. Una petición del gobierno para pretermitir el caso no equivale automáticamente a una orden de deportación, pero ignorarla o responder de manera inadecuada puede terminar con el rechazo del asilo sin que llegue a celebrarse una audiencia completa sobre los hechos.
La información divulgada por Fox News señala que la nueva directriz se aplica de inmediato a los casos manejados por OPLA en los que el gobierno considere que la solicitud de asilo es insuficiente a primera vista.
