La batalla judicial de los cubanos con formulario I-220A obtuvo este jueves una importante victoria procesal en Miami. La jueza federal Jacqueline Becerra rechazó el intento del Gobierno de Estados Unidos de desestimar la demanda Bello-Rubio, presentada por 992 cubanos que reclaman que la forma en que fueron liberados por las autoridades migratorias sea reconocida jurídicamente como parole.
Reportes difundidos desde el tribunal por periodistas de Telemundo 51 y Univision 23 coinciden en que Becerra permitió que el litigio continúe. Según explicó posteriormente el equipo legal de los demandantes, encabezado por Mark Prada y Anthony Dominguez, la jueza consideró además que el tribunal tiene jurisdicción para examinar cuestiones centrales planteadas en el caso.
El resultado supone un revés para el Gobierno, que pretendía terminar el proceso antes de que avanzara hacia otras etapas. Periódico Cubano había explicado previamente qué estaba en juego en esta audiencia y por qué podía resultar decisiva para los cubanos con I-220A.
EEUU tendrá siete días para responder tras el revés en corte
La audiencia celebrada este 10 de septiembre no resolvió definitivamente la situación migratoria de los demandantes. Sin embargo, dejó abiertos otros asuntos que podrían determinar hasta dónde llegará el impacto del litigio.
Según los detalles comunicados por Prada y Dominguez tras la vista y recogidos por periodistas presentes en la corte, el Gobierno dispondrá de siete días para responder sobre cuestiones pendientes y posteriormente los representantes de los demandantes tendrán otros siete días para presentar su réplica.
Entre los asuntos pendientes se encuentra la solicitud para certificar una acción colectiva, así como una petición de protección relacionada con los demandantes identificados. También se espera otra audiencia durante septiembre, aunque al cierre de esta información no se había divulgado públicamente una orden escrita con la nueva fecha.
La audiencia de este jueves había sido aplazada dos veces antes de celebrarse. Periódico Cubano informó que Becerra terminó fijando la vista para el 10 de septiembre después de varios cambios en el calendario judicial.
¿Puede esta decisión beneficiar a miles de cubanos con I-220A?
La respuesta dependerá en buena medida de lo que ocurra con la certificación colectiva. En estos momentos, Bello-Rubio está vinculado directamente a 992 demandantes identificados. Si el tribunal aprueba una clase más amplia, una eventual decisión favorable podría alcanzar a muchas más personas que fueron procesadas bajo circunstancias semejantes.
Ese escenario explica por qué el litigio es seguido con tanta atención por la comunidad cubana. El argumento de los demandantes sostiene que quienes fueron detenidos al llegar a la frontera estaban sujetos a un régimen legal bajo el cual su liberación debía producirse mediante parole, y que entregarles una I-220A constituyó una clasificación incorrecta.
El reconocimiento del parole tendría enorme importancia porque constituye una de las vías que permiten a ciudadanos cubanos, si cumplen los demás requisitos, solicitar la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La abogada Claudia Cañizares ya había explicado que existen argumentos jurídicos para sostener esa interpretación, aunque advirtió que el resultado nunca estuvo garantizado. Periódico Cubano abordó anteriormente por qué este litigio podría cambiar el futuro migratorio de personas que llevan años en el limbo de la I-220A.
La jueza todavía no ha declarado que la I-220A sea parole
Pese al resultado favorable de este jueves, existe una diferencia fundamental que los afectados deben tener presente: Becerra no decidió que las I-220A equivalgan automáticamente a parole, ni ordenó entregar formularios I-94, ni autorizó a sus titulares a solicitar inmediatamente la residencia.
Lo ocurrido es una victoria procesal: el Gobierno quiso cerrar la demanda y no lo consiguió. Ahora los demandantes podrán continuar intentando que el tribunal examine sus reclamaciones y determine eventualmente si la manera en que fueron liberados genera derechos migratorios diferentes a los reconocidos hasta el momento.
La controversia también ha llegado anteriormente a tribunales de apelaciones. En febrero, Periódico Cubano informó que el Undécimo Circuito anuló decisiones previas en casos relacionados con cubanos que buscaban acogerse a la Ley de Ajuste, aunque tampoco resolvió definitivamente entonces la cuestión del parole.
El próximo punto decisivo será conocer cómo responde el Gobierno y si Becerra acepta convertir el caso en una acción colectiva de mayor alcance. Para miles de cubanos con I-220A, la decisión de este jueves no entrega todavía una vía automática hacia la residencia, pero sí evita que una de las principales batallas judiciales para conseguirla termine antes de ser examinada a fondo.
