
Durante casi dos años, la escasa información pública sobre Manuel Anido Cuesta se ha llenado con datos repetidos de un medio a otro, inferencias y etiquetas nunca explicadas por el régimen cubano. Una revisión de registros oficiales y fuentes primarias obliga ahora a corregir varias de esas versiones, algunas de ellas publicadas también por Periódico Cubano.
En varios casos también se trata de errores replicados o conclusiones que fueron presentadas con más seguridad de la que permitían las pruebas. Pero el resultado es el mismo: la biografía pública del hijastro de Miguel Díaz-Canel contiene datos que no encajan con los documentos disponibles.
No empezó a trabajar con Díaz-Canel tras graduarse
Una versión muy repetida es que Anido se vinculó al círculo presidencial después de graduarse de la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana. La cronología no lo sostiene.
Martí Noticias sitúa su graduación en la Universidad de La Habana en 2019. Sin embargo, existen registros de que ya había acompañado a Díaz-Canel y Lis Cuesta a Venezuela el 30 de mayo de 2018, en el primer viaje internacional del gobernante tras asumir la jefatura del Estado. Para finales de aquel año existía constancia gráfica de su presencia en al menos 9 viajes.
Fotografías distribuidas por Reuters lo muestran en noviembre de 2018 en Pyongyang y Hanói, incluido detrás de Díaz-Canel durante una reunión con el entonces primer ministro vietnamita Nguyễn Xuân Phúc. Es decir, Anido tenía acceso al entorno presidencial antes de obtener su título de abogado.
Viajaba como asesor presidencial del régimen cubano
Tampoco es exacto presentar la palabra “asesor” como una simple invención de la prensa. En junio de 2023, al presentarlo al papa Francisco, Díaz-Canel afirmó: “Es graduado de Derecho, trabaja conmigo”. Meses después, Ahmed Bin Sulayem, presidente ejecutivo y CEO del Dubai Multi Commodities Centre, publicó en LinkedIn una fotografía con Anido durante la inauguración de una Casa del Habano en Dubái y lo identificó expresamente como “Presidential advisor to the Cuban government”.
El contexto tampoco era exclusivamente protocolario. Granma informó esos mismos días que la visita de Díaz-Canel a Emiratos Árabes Unidos incluía encuentros con empresarios y negociaciones destinadas a ampliar el comercio y las inversiones. Esto no demuestra que Anido negociara personalmente esos acuerdos, pero hace más relevante conocer cuáles eran realmente sus funciones.
Lo que sigue sin aparecer públicamente es un nombramiento, resolución, organigrama o ficha institucional cubana que precise su cargo, funciones, salario o dependencia administrativa.
Hacía negocios en España con visa de estudiante
También requiere corrección la afirmación de que Anido fue sancionado personalmente por corrupción. El Federal Register establece que su designación se hizo por ser “adult family member” de Lis Cuesta Peraza, sancionada simultáneamente. La ficha de OFAC no le atribuye como fundamento de esa sanción un acto individual de corrupción, lavado de dinero o represión.
Periódico Cubano informó sobre las sanciones y posteriormente sobre su formalización en el registro público estadounidense. La base jurídica concreta de la inclusión de Anido, sin embargo, es su vínculo familiar con Cuesta.
Otra área donde conviene evitar conclusiones apresuradas es su etapa en España. En 2025 trascendió que residía en Madrid con visa de estudiante y cursaba un programa de fiscalidad en IE. Paralelamente, documentos del Boletín Oficial del Registro Mercantil demuestran que el 16 de abril de 2025 pasó a ser socio único y administrador único de Meridian Wealth Group SL.
La compañía se dedicaba a consultoría estratégica y al establecimiento de negocios y plataformas de inversión internacionales. Periódico Cubano reconstruyó posteriormente el control de Anido sobre la firma y su posterior disolución.
La incógnita más importante sigue intacta: cómo un joven que ya participaba en giras presidenciales antes de graduarse terminó siendo presentado internacionalmente como asesor del Gobierno cubano, sin que hasta hoy exista una explicación pública y verificable de quién lo contrató, para qué funciones y con qué recursos.
