Una eventual transición democrática en Cuba debería incluir una nueva Constitución, apertura económica, reconocimiento de la propiedad privada y una mayor participación de los cubanos en el exterior, según la hoja de ruta planteada por un grupo de especialistas que analizó el futuro de la isla. La propuesta plantea sustituir el actual modelo político y económico por un sistema plural con una “economía social de mercado”.
El planteamiento contempla que Cuba atraviese primero una etapa de cambios políticos que permita garantizar derechos civiles básicos. Entre las medidas iniciales estarían la liberación de presos políticos, la eliminación de normas consideradas represivas y la ampliación de libertades como la expresión, la protesta y el movimiento.
Una nueva Constitución y un modelo económico con propiedad privada
Uno de los principales cambios propuestos sería la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de diseñar las bases de un nuevo sistema democrático. Según la propuesta, ese proceso permitiría establecer nuevas reglas institucionales después de décadas de concentración del poder político.
En el ámbito económico, la transformación estaría basada en una “economía social de mercado”, un modelo que combinaría iniciativa privada, distintas formas de propiedad y mecanismos de protección social. La propuesta reconoce al sector privado cubano existente como un elemento clave para la recuperación económica.
El documento destaca que miles de negocios privados ya han generado empleos pese a las restricciones, problemas de abastecimiento y obstáculos regulatorios. Para sus autores, esas empresas representarían una reserva de capacidad económica que podría ampliarse en una etapa de reconstrucción.
Agricultura, inversión y regreso a organismos financieros internacionales
La producción de alimentos aparece como una de las áreas prioritarias. La propuesta plantea modificar las reglas sobre el uso de la tierra para facilitar la actividad privada y atraer inversiones destinadas al sector agropecuario.
El planteamiento toma como referencia la caída de la producción agrícola cubana durante los últimos años. Según los datos incluidos en la propuesta, entre 2019 y 2024 la producción agrícola descendió un 58 %, mientras Cuba depende de importaciones para cubrir más del 70% de los alimentos que consume.
Otro de los cambios sugeridos sería la reincorporación de Cuba a instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Estos organismos podrían aportar financiamiento para reconstruir infraestructuras deterioradas, incluyendo el sistema eléctrico, hospitales, transporte, viviendas y otros servicios públicos.
La diáspora cubana como parte de la reconstrucción nacional
La propuesta plantea un cambio en la relación con los cubanos residentes en el extranjero. En lugar de limitar su papel al envío de remesas, los considera una fuente de inversión, conocimientos, contactos empresariales y experiencia profesional.
Los especialistas señalan que la diáspora podría participar en sectores como turismo, biotecnología, industria farmacéutica y producción de alimentos, además de contribuir a facilitar nuevas relaciones económicas internacionales.
El plan también aborda temas pendientes como las propiedades confiscadas tras 1959. Para resolver esas reclamaciones propone mecanismos transparentes y reconocidos internacionalmente que tengan en cuenta tanto a los antiguos propietarios como a quienes viven actualmente en la isla.
La propuesta plantea una transformación simultánea del sistema político y económico, con instituciones democráticas, participación privada, reducción de desigualdades y mayor integración de Cuba con la economía internacional.
