Una jueza federal de California emitió una orden que limita los arrestos migratorios sin orden judicial realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en siete condados del estado, al considerar que los agentes deben justificar cada detención con una evaluación individual del riesgo de fuga.
La decisión, anunciada esta semana, afecta a Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, y representa un ligero respiro para migrantes cubanos y de otras nacionalidades que pudieron haber sido arrestados sin una orden judicial.
La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal de Distrito Central de California, dictó la medida preliminar el 2 de septiembre dentro del proceso legal Vasquez Perdomo v. Mullin. La resolución fue posteriormente publicada tras permanecer bajo reserva durante varios días.
Tribunal exige evaluaciones individuales antes de detener inmigrantes
El fallo establece que los oficiales de ICE no podrán efectuar arrestos civiles sin una orden judicial únicamente por considerar que una persona se encuentra en situación migratoria irregular. Antes de proceder, deberán demostrar que existe una causa probable de que el individuo es indocumentado y que existe una posibilidad concreta de que huya antes de obtener una autorización judicial.
Además, los agentes deberán dejar constancia escrita de los motivos que sustentan cada arresto y no podrán basarse en un memorando emitido en enero de 2026 por el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, que indicaba que el estatus migratorio irregular podía servir como presunción de riesgo de fuga.
Durante el proceso judicial, documentos entregados por el gobierno mostraron que, de 113 registros de arrestos revisados, cerca del 80% no incluía una evaluación específica sobre la posibilidad de fuga o utilizaba explicaciones generales.
La jueza afirmó que los agentes federales “regularmente se abstienen de realizar un análisis de probabilidad de fuga en absoluto”.
Uno de los ejemplos analizados fue el arresto de un inmigrante descrito por el gobierno como una persona que “estaba huyendo” de los oficiales. Sin embargo, una grabación del operativo mostró que caminaba con normalidad y utilizaba su teléfono cuando fue abordado por un agente.
Demanda colectiva cuestionó operativos migratorios de ICE
La jueza también rechazó el argumento del abogado federal Daniel Mummolo, quien sostuvo que la ley no obligaba a los agentes a documentar sus evaluaciones. Frimpong respondió: “No han presentado evidencia de agentes diciendo: ‘Sí, no lo escribí, pero sí lo hice’”.
La resolución fue certificada como una acción colectiva que incluye a las personas arrestadas sin orden judicial y sin una evaluación individualizada desde el 6 de junio de 2025.
La demanda fue presentada en julio de 2025 por cinco trabajadores latinos y tres organizaciones: la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN) y los Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), con apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y otros grupos.
El proceso surgió después de varios operativos migratorios en zonas agrícolas de Oxnard y Coachella. Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California, calificó la decisión como “una de las decisiones más importantes hasta la fecha” para detener prácticas que, según ella, separaban familias.
Teresa Romero, presidenta de los Trabajadores Agrícolas Unidos, declaró: “Hace más de un año, los trabajadores agrícolas del sur de California soportaron semanas de ataques horribles que los señalaban por el color de su piel. Esta decisión reafirma que esas redadas ilegales y racistas nunca debieron haber ocurrido”.
El fallo se suma a otras decisiones judiciales emitidas en Oregón, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California relacionadas con límites a las actuaciones de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios sobre la resolución.
