La demanda presentada por 992 cubanos con formulario I-220A continúa su proceso en una corte federal de Miami, aunque hasta ahora ningún fallo ha reconocido ese documento como un parole ni ha abierto automáticamente la posibilidad de obtener la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. El caso sigue bajo revisión judicial luego de que la jueza Jacqueline Becerra permitiera que el litigio avanzara.
La decisión de Becerra del pasado 10 de septiembre rechazó el intento del Gobierno de Estados Unidos de cerrar el proceso. A partir de ese momento, el expediente conocido como Bello-Rubio v. Noem entró en una nueva etapa con varios movimientos legales pendientes.
Uno de los cambios más importantes ocurrió el 18 de septiembre, cuando los abogados de los demandantes presentaron una segunda versión modificada de la demanda, después de que la jueza solicitara aclaraciones sobre un punto central del caso.
La disputa sobre si el I-220A puede considerarse parole
La magistrada pidió que los abogados explicaran con mayor precisión bajo qué autoridad migratoria fueron detenidos inicialmente los cubanos que luego recibieron un formulario I-220A tras quedar en libertad.
Ese aspecto resulta clave porque los demandantes sostienen que la forma en que fueron procesados por las autoridades migratorias podría permitir que sus documentos sean considerados equivalentes a un parole.
La posición del Gobierno federal es diferente. Sus representantes mantienen que el I-220A no tiene la misma naturaleza jurídica que un parole y que este beneficio debe otorgarse de manera individual a cada inmigrante.
La nueva demanda ya fue incorporada al expediente judicial, aunque el documento completo no se encuentra disponible públicamente en las plataformas consultadas.
Jueza analiza juntar varios casos relacionados con I-220A
Becerra también abrió la posibilidad de unir este proceso con otras tres demandas que involucran a cubanos con situaciones migratorias similares: Morejon, Echazabal-Verdecia y Cabrera Mollinedo.
Los abogados de los demandantes respondieron a esa solicitud el 15 de septiembre, mientras que el Gobierno presentó su posición el 18 de septiembre. Ahora la decisión corresponde a la jueza.
La posible consolidación de los casos tendría un efecto procesal, pero no representa una victoria para los demandantes ni significa que el I-220A haya sido reconocido como parole.
El tribunal todavía debe determinar si las circunstancias de estos procesos migratorios pueden tener consecuencias legales diferentes a las establecidas actualmente por las autoridades.
Gobierno tendrá hasta octubre para responder
Otro punto pendiente es la respuesta del Gobierno sobre dos solicitudes realizadas por los abogados de los cubanos: convertir el caso en una demanda colectiva y establecer ciertas protecciones mientras continúa el proceso judicial.
La administración federal pidió una extensión de tiempo, solicitud que no fue rechazada por los demandantes. Becerra aprobó la prórroga y fijó como nueva fecha límite el 9 de octubre de 2026.
La petición de convertir el litigio en una demanda colectiva tiene especial relevancia porque los abogados buscan que una eventual resolución pueda beneficiar a más personas que los 992 demandantes iniciales.
Sin embargo, la jueza todavía no ha aprobado esa solicitud.
Por ahora, los cubanos con I-220A no tienen un cambio en su situación migratoria debido a este proceso. La decisión de septiembre permitió que la demanda continuara, pero no estableció que ese documento sea un parole ni concedió beneficios migratorios adicionales.
Los abogados del caso han pedido cautela y han señalado que incluso una posible decisión favorable no significaría una residencia automática para todos los afectados. Cada solicitante tendría que cumplir con los demás requisitos establecidos por la legislación migratoria.
El interés sobre el proceso supera a los demandantes iniciales. Los impulsores del litigio calculan que entre 500.000 y 600.000 cubanos podrían encontrarse en circunstancias migratorias parecidas dentro de Estados Unidos.
El próximo paso será esperar la respuesta del Gobierno antes del 9 de octubre y la decisión de la jueza sobre la posible unión de los procesos. Mientras tanto, miles de cubanos con I-220A continúan esperando una definición sobre si ese documento puede ser reconocido como parole y servir como vía hacia la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
