La familia de Juan Miguel Muñoz Peñalver, un joven cubano de 21 años que falleció bajo custodia en una prisión de Kentucky en 2025, presentó una demanda federal contra el gobierno metropolitano de Louisville, al que responsabiliza junto con funcionarios penitenciarios y personal médico por no intervenir ante el deterioro físico y mental que sufrió antes de morir.
Muñoz Peñalver murió el 26 de febrero, apenas 12 días después de haber ingresado al Louisville Metro Department of Corrections (LMDC). El certificado de defunción estableció que la causa fue una psicosis aguda provocada por deshidratación, relacionada con el “rechazo voluntario/autoimpuesto de hidratación, nutrición y atención médica”. El fallecimiento fue registrado oficialmente como suicidio.
De acuerdo con el medio local Courier Journal, la familia sostiene que las autoridades conocían la gravedad de su estado y no tomaron las medidas necesarias para protegerlo.
“Es una muerte por deshidratación en un país del primer mundo. ¿Cómo es posible?”, cuestionó Jon Little, abogado de los familiares.
El deterioro de Juan Miguel antes de morir bajo custodia
Muñoz Peñalver llegó a Estados Unidos en junio de 2024 mediante un parole y contaba con autorización de trabajo por dos años. Según sus familiares, estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, trabajaba como barbero y planeaba continuar su formación en ese oficio.
Su madrastra, Ivelipse Muñoz, explicó que el joven tenía grandes aspiraciones y soñaba con alcanzar estabilidad económica antes de cumplir los 30 años.
En enero de 2025 permaneció tres semanas hospitalizado en el University of Louisville Hospital, donde fue diagnosticado con psicosis paranoide. Posteriormente, dejó de tomar los medicamentos porque, según su familia, no aceptaba que padecía una enfermedad.
El 14 de febrero fue arrestado por una presunta agresión y otros cargos. Todavía no había recibido una condena cuando murió. Su madrastra afirmó que ese día “estaba pasando por uno de sus episodios”.
Dos días después de llegar a la prisión intentó quitarse la vida con una sábana. Los trabajadores del centro intervinieron y lo mantuvieron bajo vigilancia durante 24 horas por riesgo suicida. Después debía ser revisado cada 30 minutos, según documentos obtenidos por el Kentucky Center for Investigative Reporting.
La demanda señala fallas en la vigilancia médica
La acción legal presentada por la familia indica que la salud del joven continuó empeorando dentro de la cárcel. Según el documento, dejó de alimentarse correctamente, tomar sus medicamentos, vestirse y desplazarse por cuenta propia.
Los abogados afirman que la celda llegó a acumular basura, orina y heces mientras su condición mental se agravaba.
El 23 de febrero, un especialista determinó que sufría una “psicosis descompensada” severa y que no tenía capacidad para cuidarse solo. La demanda sostiene que, pese a ese diagnóstico, no se realizaron controles adecuados sobre su peso, temperatura ni consumo de alimentos y líquidos.
Las imágenes de vigilancia de la celda también forman parte de los elementos citados por la familia. Según esos registros, alrededor de las 11:15 p.m. del 25 de febrero Muñoz Peñalver se acostó frente a la puerta y aparentemente permaneció inmóvil durante más de cinco horas.
Los funcionarios lo encontraron inconsciente cerca de las 4:30 a.m. del día siguiente. Ya había fallecido.
También tenía una retención migratoria de ICE
Cuando murió, Muñoz Peñalver estaba sujeto a una orden de retención de ICE, una medida que permite a las cárceles mantener bajo custodia a una persona hasta 48 horas adicionales después de su liberación prevista para que inmigración pueda asumir el caso.
Sin embargo, documentos judiciales indican que el joven no estaba próximo a salir de prisión. Un juez había establecido una fianza de 20.000 dólares y tenía una audiencia programada para el mismo día de su muerte.
La demanda, presentada el 21 de septiembre y con 25 páginas, incluye como demandados al gobierno metropolitano de Louisville, al director del centro penitenciario Jerry Collins, al proveedor médico y a varios funcionarios aún no identificados públicamente.
La familia también había iniciado acciones contra YesCare, empresa encargada de la atención médica en la prisión cuando ocurrió la muerte y que posteriormente se declaró en bancarrota.
La ACLU de Kentucky reportó 23 muertes bajo custodia en esa cárcel desde 2021 y auditorías previas señalaron problemas relacionados con personal, infraestructura y cumplimiento de protocolos.
Tras la muerte del joven, sus familiares crearon una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios. Ivelipse Muñoz recordó a su hijastro como un joven con proyectos y deseos de construir una nueva vida en Estados Unidos.
“Juan Miguel, Miguel, como muchos lo conocían, era un joven con sueños, planes y un futuro por delante (…) Sí, tuvo problemas de salud mental, pero eso nunca le restó valor a su vida”, indica el texto.
