El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó el jueves 1 de octubre revisar una política de la Administración de Donald J. Trump que permite mantener bajo custodia, sin audiencia para solicitar una fianza, a determinados inmigrantes sometidos a procedimientos de deportación.
Los magistrados deberán determinar si esa medida puede aplicarse también a personas arrestadas lejos de la frontera después de llevar años viviendo en el país.
El litigio pone en discusión la interpretación de una disposición de la ley federal de inmigración aprobada en 1996. El Gobierno sostiene que quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos pueden quedar sujetos a detención obligatoria durante el proceso migratorio, aunque su entrada haya ocurrido muchos años antes.
La política fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional en julio de 2025 y modificó una práctica anterior que permitía a ciertos detenidos solicitar ante un juez migratorio su liberación bajo fianza mientras continuaba el procedimiento.
Tribunales inferiores rechazaron la interpretación del Gobierno
La posición de la Administración ha encontrado resistencia en tribunales federales. Cortes de apelaciones, entre ellas los circuitos Segundo y Sexto, han rechazado la interpretación amplia de la disposición utilizada por el Gobierno para justificar estas detenciones.
Esas decisiones han considerado que la detención obligatoria prevista en la legislación no puede aplicarse de manera automática a todos los inmigrantes que alguna vez entraron ilegalmente al país y que posteriormente fueron arrestados dentro del territorio estadounidense.
La existencia de litigios y criterios judiciales sobre el alcance de la norma llevó el asunto hasta el máximo tribunal. La decisión final establecerá cómo deberá aplicarse esta parte de la legislación migratoria a personas detenidas durante operaciones realizadas lejos de la frontera.
Un brasileño detenido tras una parada de tráfico llevó el caso al Supremo
El expediente aceptado por el Tribunal Supremo corresponde a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos en 2005. Las autoridades migratorias lo detuvieron después de un control de tráfico ocurrido en Norwood, Massachusetts, en septiembre de 2025.
Barbosa da Cunha cuestionó que se le mantuviera bajo custodia sin poder solicitar una audiencia de fianza. Su caso llegó al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que emitió una decisión el 28 de abril de 2026. El Gobierno presentó posteriormente una petición ante el Supremo, registrada el 23 de julio.
Los magistrados concedieron este jueves la petición para revisar el expediente, identificado oficialmente como 26-104, Philip L. Rhoney v. Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha. El nuevo periodo judicial del Supremo comienza en octubre y concluirá en 2027.
El fallo tendrá repercusiones más allá del caso individual porque definirá hasta dónde puede llegar la detención obligatoria de inmigrantes durante procedimientos de expulsión. La resolución deberá conocerse durante el periodo judicial que termina en junio de 2027.
