El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué la administración de Donald Trump emitió sanciones al Banco Internacional de Comercio S. A. (BICSA), con base en la orden ejecutiva 14404.
“Durante demasiado tiempo, la Cuba comunista ha tenido permiso para operar como un puesto avanzado para actores malignos y grupos terroristas, incluyendo la República Islámica de Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, con el objetivo de atacar a EEUU”, mencionó el funcionario cubanoamericano en X.
En este sentido, agregó: “Hoy, he designado a BICSA, una institución financiera cubana que ha estado proporcionando servicios financieros a entidades iraníes sancionadas”.
For too long, Communist Cuba has been allowed to operate as an outpost for malign actors and terror groups – including the Islamic Republic of Iran, the world’s number one state sponsor of terrorism – to target the United States.
Today, I designated BICSA, a Cuban financial institution which has been providing financial services to sanctioned Iranian entities.
Let me be absolutely clear: the Trump Administration will not tolerate a rogue state hosting hostile foreign military, intelligence and terror operations less than a hundred miles from our homeland. https://t.co/MMEgob7I1V
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 15, 2026
Para finalizar, Rubio aclaró que el gobierno de Trump no tolerará que “un estado renegado albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles de potencias extranjeras a menos de cien millas de nuestra patria”.
BICSA ha prestado servicios al banco iraní Karafarin Bank desde al menos 2022. Esta entidad fue sancionada por el Departamento del Tesoro en 2022 en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13902.
Karafarin Bank, con sede en Teherán, comenzó sus operaciones en 1999 como institución crediticia no bancaria y se convirtió en banco en 2001. Su actividad comprende servicios financieros para particulares y empresas.
La Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial, lo identifica entre las primeras instituciones privadas surgidas tras la reapertura del sector bancario iraní a la iniciativa privada.
La sanción contra BICSA
El Departamento de Estado sancionó a BICSA bajo la Orden Ejecutiva 14404, emitida por Donald Trump en mayo. La medida podría dificultar sus operaciones internacionales y afectar a empresas e instituciones financieras que utilizan sus servicios, aunque no implica que todos sus clientes queden automáticamente sancionados.
Con sede en Miramar, La Habana, BICSA opera bajo la regulación del Banco Central de Cuba. Atiende principalmente a entidades gubernamentales, empresas mixtas, clientes corporativos y compañías extranjeras. Gestiona cartas de crédito, garantías bancarias, transferencias internacionales y cuentas en divisas para operaciones de importación y exportación.
Los afectados potenciales incluyen bancos extranjeros que procesen transacciones con BICSA, proveedores pendientes de cobrar e importadores y exportadores cubanos. Una reducción de sus conexiones bancarias podría provocar demoras, revisiones o rechazos de pagos. Las transacciones significativas con entidades designadas pueden generar riesgo de sanciones secundarias, incluidas restricciones financieras o bloqueos de bienes.
El plazo de liquidación vence el 14 de noviembre
La aclaración atribuida a la OFAC establece que Washington no pretende sancionar determinadas operaciones habituales y necesarias para desinvertir o liquidar transacciones hasta el 14 de noviembre de 2026. Incluye entidades participadas por BICSA, directa o indirectamente, en al menos un 50 %. No autoriza la continuidad general de negocios.
Devolver activos a una entidad sancionada o trasladarlos para su utilización puede generar riesgo de sanciones. Quienes no logren completar la liquidación pueden contactar con la OFAC, sin que exista una prórroga automática. Para las personas sujetas a jurisdicción estadounidense, siguen vigentes las prohibiciones previas, salvo autorización.
¿Qué alcance tiene la Orden Ejecutiva 14404?
La orden permite sancionar a personas y entidades vinculadas al gobierno cubano, bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibir operaciones con esos activos. Comprende responsables de graves abusos de derechos humanos o corrupción, funcionarios y operadores de sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
También contempla restricciones sobre cuentas de corresponsalía en EEUU. Sus efectos dependerán de las operaciones involucradas y de las decisiones de los intermediarios, sin que el texto confirme interrupciones concretas.
