La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un plan para reforzar el control migratorio en los centros de trabajo que incluiría acciones contra trabajadores cubanos sin documentos y otros migrantes en la misma situación, empresas que los contraten a sabiendas y personas que utilicen identificaciones fraudulentas.
La propuesta permanece en borrador y todavía debe pasar por la revisión del secretario de Seguridad Nacional antes de conocerse su alcance definitivo, informó Hindustan Times.
Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, informó que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) elaboró el documento y que este superó una primera fase. “Vi el borrador de HSI la semana pasada”, declaró.
Según explicó, el secretario Markwayne Mullin podría examinarlo la semana siguiente o la subsiguiente, aunque no anunció una fecha de aplicación. Sin embargo, las declaraciones disponibles no detallan sectores económicos prioritarios, lugares donde comenzarían los operativos ni procedimientos concretos.
Homan defendió la vigilancia laboral como un instrumento para desalentar el empleo de personas sin autorización. También insistió en que las actuaciones no deben limitarse a quienes trabajan en los establecimientos inspeccionados.
“No se trata solo de arrestar a extranjeros. Se trata de exigir responsabilidades a los empleadores”, sostuvo al expresar su respaldo al contenido del plan.
El foco empresarial estaría en quienes contratan conscientemente a trabajadores que carecen de permiso legal para desempeñar sus funciones. De acuerdo con Homan, las compañías no deberían continuar esas prácticas sin afrontar consecuencias.
Su explicación apunta a ampliar las investigaciones hacia las decisiones de contratación y la responsabilidad de las empresas, además de la situación migratoria de los empleados.
Otro componente sería la investigación del uso de identificaciones fraudulentas y del empleo indebido de números de la Seguridad Social. Son conductas que deben distinguirse de la falta de autorización laboral: las declaraciones no establecen que todos los trabajadores indocumentados utilicen documentos falsificados.
La legislación vigente ya obliga a los empleadores a verificar la identidad y la autorización laboral de sus trabajadores mediante la documentación del Formulario I-9. Contratar o mantener a sabiendas a empleados no autorizados puede generar sanciones civiles y, en determinadas circunstancias, consecuencias penales. El borrador buscaría reforzar la aplicación de esos controles.
Ley Dignidad: una propuesta de regularización aún pendiente
En paralelo, la congresista republicana María Elvira Salazar impulsa con la demócrata Verónica Escobar la Ley Dignidad, presentada en julio de 2025 como H.R. 4393, cuyo objetivo es la regularización de cubanos y otros migrantes con cierto periodo de tiempo en territorio estadounidense.
Su Programa Dignidad ofrecería protección y autorización de trabajo durante siete años a determinados inmigrantes establecidos en EEUU antes del 31 de diciembre de 2020.
Los participantes tendrían que pagar 7.000 dólares durante ese periodo, cumplir los requisitos legales y comparecer periódicamente ante el Departamento de Seguridad Nacional. El estatus podría renovarse si mantienen las condiciones exigidas.
El proyecto incluye disposiciones diferenciadas para los “dreamers”, quienes llegaron siendo menores, con una posible vía hacia la residencia permanente sujeta a requisitos educativos, laborales o militares. Ninguna de esas posibilidades está vigente mientras la iniciativa permanezca pendiente de aprobación.
