El vicepresidente del Senado de Puerto Rico, Carmelo Ríos Santiago, habló esta semana sobre el posible uso de la antigua base naval de Roosevelt Roads para una eventual operación estadounidense para arrestar al exmandatario cubano Raúl Castro.
Sus declaraciones provocaron la suspensión de una vista pública sobre el futuro de las instalaciones, ubicadas en Ceiba, mientras las comisiones legislativas buscan esclarecer información relacionada con asuntos de seguridad nacional.
Ríos Santiago planteó que Puerto Rico podría volver a funcionar como plataforma de apoyo, como ocurrió en el caso de Venezuela, informó el medio local Primera Hora.
“Hay un movimiento no autorizado para divulgación sobre la orden de arresto de Raúl Castro y la posibilidad de que Puerto Rico, como fue en el pasado para el efecto de Nicolás Maduro, sea una de esas bases de apoyo. Nosotros queremos tener un margen un poco más amplio de la información”, afirmó el legislador durante la apertura de los trabajos.
Ríos Santiago aludió además a información que, según explicó, no estaba autorizado a divulgar, y mencionó actuaciones del presidente Donald Trump. El legislador sostuvo que debía respetar las directrices relacionadas con los temas privados de seguridad nacional.
La consecuencia inmediata fue el receso de la vista pública conjunta. La investigación legislativa continuará mediante una reunión ejecutiva y una inspección de las instalaciones. El calendario oficial del Senado mantiene la visita a Roosevelt Roads para el viernes 6 de noviembre, como parte de los trabajos sobre la Resolución del Senado 286.
Antes de recorrer la antigua base, Ríos pretende reunirse con Carlos J. Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para contrastar la información recibida. El funcionario también dirigió la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, entidad vinculada al futuro de esos terrenos.
El senador indicó que ya había contactado al secretario y al alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez. Ambos estaban citados como declarantes, pero las comisiones excusaron sus comparecencias ante el cambio en la agenda. La reunión ejecutiva permitiría examinar información procedente de las autoridades militares, de la base o del departamento económico.
“Estos eventos no están bajo nuestro control ni en nuestra jurisdicción. Una vez tengamos un panorama más claro, retomaremos de inmediato lo que va a ser la vista ocular”, expresó Ríos Santiago, quien preside la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus.
La Resolución 286 encomienda evaluar las condiciones actuales del antiguo complejo y la viabilidad de su reutilización por el Ejército estadounidense para fines de seguridad nacional.
La orden de arresto contra Raúl Castro
El antecedente judicial mencionado es la orden estatal de arresto contra Raúl Castro, firmada el 16 de octubre en Miami. El caso está relacionado con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la orden el 19 de octubre. La acusación atribuye al exmandatario conspiración para cometer asesinato en primer grado. La investigación contó con la Oficina de la Fiscalía Estatal de Competencia Territorial Amplia y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.
Según el expediente citado por el Miami Herald, parte de la presunta conspiración se desarrolló en Miami y Cayo Hueso. Las autoridades sostienen que agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate transmitieron información sobre sus vuelos, lo que habría permitido identificar las aeronaves que después fueron atacadas por cazas cubanos.
La documentación también recoge que los infiltrados recibieron instrucciones de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos habría abandonado Florida el día anterior al derribo.
Uthmeier atribuyó a Castro, entonces jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, la orden final del ataque. Además, el exmandatario comunista también tiene abierto un proceso de índole federal por el mismo caso.
