Residentes de la ciudad de Holguín denunciaron el incremento de personas sin hogar que pernoctan en los portales de viviendas ubicadas frente al parque San José. La situación, reportada en la calle Arias, entre Libertad y Maceo, ha generado preocupación por las condiciones higiénicas y la falta de respuestas de las autoridades municipales.
La denuncia fue presentada por Argelia I. Heredia Pupo, quien asegura que cada tarde llegan al lugar ciudadanos en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según su testimonio, estas personas permanecen durante la noche en las entradas de las viviendas, donde buscan refugio ante la ausencia de alternativas habitacionales.
Los vecinos afirman que el problema se ha agravado con el paso del tiempo. Entre las principales dificultades mencionan la acumulación de desperdicios, los malos olores y el deterioro de la limpieza en las áreas próximas a sus hogares.
La denunciante sostiene que las autoridades municipales conocen lo sucedido, pero los residentes continúan esperando una intervención efectiva. Hasta el momento, no se dispone de una respuesta oficial que permita conocer las medidas adoptadas para atender el caso.
Personas sin hogar en Holguín: una crisis que afecta a familias vulnerables
La situación no constituye un problema aislado. En 2023, Periódico Cubano informó sobre una familia que dormía en parques de Holguín y consiguió una vivienda gracias a una campaña solidaria impulsada por ciudadanos y activistas.
También existen antecedentes de dificultades institucionales. En 2019, autoridades de La Habana reconocieron deficiencias en la atención a personas sin hogar, incluyendo demoras administrativas y problemas en los centros de protección social.
En el caso del parque San José, los denunciantes insisten en que la solución no consiste en expulsar a quienes duermen en las calles. Reclaman asistencia social, atención sanitaria y alternativas de alojamiento que respeten la dignidad de los afectados.
Cuestionan la respuesta del Gobierno ante la indigencia en Cuba
El problema también plantea interrogantes sobre las prioridades institucionales. Mientras numerosas familias enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, el Gobierno cubano mantiene mecanismos de control sobre actividades económicas informales y la movilidad interna.
En noviembre de 2026, Periódico Cubano reportó un operativo policial en La Habana con 71 detenidos, entre ellos ciudadanos señalados por residir en la capital sin autorización administrativa. La actuación generó cuestionamientos sobre las restricciones de movilidad.
Otro antecedente ocurrió en Santiago de Cuba, donde agentes policiales realizaron decomisos y detenciones contra vendedores ambulantes durante febrero de 2026. Estos hechos reflejan medidas coercitivas contra determinadas actividades vinculadas a la supervivencia económica.
Sin embargo, no existen elementos que permitan vincular directamente esos operativos con la denuncia del parque San José. La situación de Holguín requiere una respuesta específica de las instituciones municipales encargadas de la asistencia social y la salud pública.
Vecinos reclaman condiciones dignas y una solución humanitaria
Los residentes piden que las autoridades intervengan sin enfrentar a las familias con las personas necesitadas de protección. Consideran imprescindible garantizar condiciones sanitarias adecuadas y ofrecer alternativas a quienes carecen de vivienda.
La denuncia deja una pregunta pendiente para el Gobierno Municipal de Holguín: qué medidas adoptará para proteger simultáneamente el derecho de los vecinos a vivir en un entorno limpio y el de las personas sin hogar a recibir asistencia y alojamiento digno.
Entre la pobreza, la represión y el abandono institucional
La denuncia de Holguín expone una contradicción en el modelo de gestión estatal cubano: la existencia de mecanismos de control social y policial no garantiza una respuesta eficaz a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.
En 2025, las autoridades de Camagüey reconocieron la presencia de al menos 59 personas en situación de calle en el municipio cabecera y otras 31 bajo atención institucional, según una información publicada por este propio medio.
La ausencia de respuestas públicas sobre denuncias como la de Holguín dificulta evaluar la capacidad real de los mecanismos de asistencia social.
Por otra parte, las denuncias de represión política y las actuaciones coercitivas contra ciudadanos deben analizarse con sus propios antecedentes, sin atribuir automáticamente motivaciones represivas a la falta de atención social. La cuestión central es la obligación del Estado de proteger los derechos de toda la población.
La solución no debería consistir en trasladar a las personas sin hogar hacia otras calles, sino en identificar sus necesidades y garantizar asistencia médica, apoyo social y opciones habitacionales.
