
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos determinó este martes que el formulario I-220A no constituye, por sí solo, un parole válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una decisión que representa un importante revés para miles de inmigrantes cubanos que buscan regularizar su situación.
El periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, reportó que el fallo aparece en una opinión judicial de 16 páginas correspondiente al caso Aguiar-Fernández v. U.S. Attorney General, identificado con el expediente 24-12318.
El litigio fue iniciado por una familia cubana integrada por Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija. Los tres cruzaron la frontera estadounidense desde México en 2021, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberados bajo el formulario I-220A.
Los magistrados establecieron que esa modalidad de liberación migratoria no debe confundirse con el parole humanitario que contempla la legislación estadounidense.
La diferencia jurídica radica en que la liberación bajo la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no equivale al parole previsto en la sección 212(d)(5)(A), requisito que exige la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente.
Ahora, el Undécimo Circuito convierte ese criterio en un precedente vinculante para los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama en las cuestiones jurídicas que resolvió.
El I-220A es una orden de liberación bajo supervisión emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Permite que determinados inmigrantes permanezcan en libertad mientras avanzan sus procedimientos migratorios, pero no concede estatus legal ni garantiza el acceso a la residencia.
¿Qué va a pasar con la demanda Bello-Rubio v. Noem?
La decisión también genera interrogantes sobre el futuro de Bello-Rubio v. Noem, una demanda colectiva presentada por 992 cubanos ante la jueza federal Jacqueline Becerra, en el Distrito Sur de Florida.
El objetivo del litigio es conseguir que las circunstancias bajo las cuales numerosos cubanos fueron procesados y liberados en la frontera sean reconocidas jurídicamente como un parole.
Sus promotores consideran que una resolución favorable podría beneficiar a entre 500.000 y 600.000 personas que se encuentran en situaciones migratorias similares. Sin embargo, el fallo del Undécimo Circuito no desestima automáticamente esa demanda ni significa que todos los cubanos con I-220A tengan una orden de deportación.
El alcance de la decisión sobre el proceso colectivo dependerá de los argumentos pendientes y de las determinaciones que adopte la jueza Becerra.
En septiembre, la magistrada rechazó el primer intento del gobierno federal de desestimar el caso y determinó que tenía jurisdicción para examinar los asuntos fundamentales del litigio. Posteriormente, en octubre, las autoridades federales presentaron una segunda moción de desestimación, a la que los demandantes respondieron el día 23 de ese mes.
El abogado Mark Prada, representante de los demandantes, había advertido que incluso una victoria judicial no garantizaría automáticamente la protección contra una deportación ni concedería directamente la residencia permanente a todos los afectados.
El nuevo pronunciamiento tampoco representa el primer antecedente judicial desfavorable para quienes buscan equiparar el I-220A con un parole. En septiembre de 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció en el caso Matter of Cabrera-Fernández que la liberación bajo la sección 236 de la legislación migratoria es jurídicamente distinta del parole humanitario. Ese criterio fue reafirmado en junio de 2025.
