
El Congreso de Estados Unidos podría debatir una iniciativa que permitiría cancelar determinadas órdenes de deportación después de diez años y abrir una vía hacia la residencia permanente.
La congresista demócrata Lateefah Simon, de California, anunció la presentación del proyecto Protect Our Neighbors Act para este jueves 19 de noviembre de 2026, con el propósito de proteger a inmigrantes que llevan años viviendo en el país sin antecedentes penales, según informó ABC News.
🚨 SCOOP: House Dems will introduce an immigration bill tomorrow that would provide relief to some immigrants who have final orders of removal but no criminal record, and create a pathway for them to obtain legal permanent residency.
Last year, I reported on Harjit Kaur, a 73-year-old grandmother who had lived in the San Francisco Bay Area for three decades before she was deported to India.
Now her case is the inspiration for this new legislation, which is led by @RepLSimon.
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— Juhi Doshi (@juhidoshi_) November 18, 2026
La propuesta establece que las órdenes definitivas de expulsión perderían vigencia una década después de su emisión. Para beneficiarse, los extranjeros tendrían que demostrar una presencia continua en territorio estadounidense y no haber recibido condenas por delitos. Actualmente, estas decisiones migratorias no tienen una fecha de caducidad.
¿Quiénes podrían beneficiarse de la nueva ley de deportación?
El proyecto contempla que los inmigrantes que cumplan las condiciones puedan acceder a un procedimiento para solicitar la residencia permanente. Sin embargo, la cancelación de una orden no significaría obtener automáticamente una tarjeta de residencia. Los interesados tendrían que satisfacer los requisitos que establezca la legislación definitiva, si llega a aprobarse.
La iniciativa también permitiría que los jueces de inmigración renovaran determinadas órdenes vencidas cuando existan pruebas claras y convincentes que justifiquen la demora en ejecutar la expulsión. Esa excepción exigiría circunstancias importantes, ajenas a retrasos administrativos o presupuestarios, además de nuevos elementos que respalden la decisión por razones de interés público.
¿Cómo afectaría a los cubanos con I-220A e I-220B?
La medida podría resultar relevante para cubanos que permanecen en Estados Unidos bajo órdenes finales de deportación. Entre ellos figuran personas sujetas a supervisión mediante el formulario I-220B. No obstante, ese documento no determina por sí solo la elegibilidad, pues sería necesario comprobar la fecha de la orden, la permanencia continua y los antecedentes del solicitante.
En cambio, el formulario I-220A representa una orden de libertad bajo palabra y no equivale necesariamente a una decisión definitiva de expulsión. Por tanto, los cubanos que poseen únicamente ese documento no quedarían incluidos automáticamente. La propuesta tampoco modifica directamente los requisitos establecidos por la Ley de Ajuste Cubano.
Según datos expuestos ante el Congreso por Todd Lyons, entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aproximadamente 1,6 millones de personas tenían órdenes finales de deportación en febrero de 2026. Sin embargo, no existe una estimación oficial sobre cuántas cumplirían las condiciones propuestas ni cuántos serían ciudadanos cubanos.
El caso que impulsó el proyecto y sus posibilidades de aprobación
La iniciativa surgió después de la deportación de Harjit Kaur, una mujer de 73 años que había vivido tres décadas en California. Las autoridades la enviaron a India en septiembre de 2025, pese a que acudía regularmente a sus citas migratorias. Su orden de expulsión databa de 2005. El caso motivó la intervención de varios legisladores demócratas.
La propuesta cuenta con el respaldo de los representantes John Garamendi, Zoe Lofgren y Juan Vargas. Aunque los demócratas asumirán el control del Congreso en enero de 2027, la iniciativa todavía deberá superar el procedimiento legislativo correspondiente y obtener la aprobación presidencial para convertirse en ley.
Por ahora, las órdenes definitivas de deportación siguen vigentes y pueden ejecutarse conforme a las normas actuales. La presentación del proyecto no suspende los procedimientos de ICE ni concede protección migratoria automática. Los cubanos afectados deberán continuar cumpliendo sus obligaciones mientras se conoce el futuro de esta propuesta.
