Una jueza federal de México condenó a la aerolínea Global Air, también identificada como Aerolíneas Damojh, a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos (alrededor de 7 millones de dólares) por concepto de indemnización a los familiares de los afectados por el accidente aéreo ocurrido en mayo de 2018.
La tragedia dejó 112 muertos y una sola sobreviviente. El avión y la tripulación mexicana fueron arrendados por Cubana de Aviación a Global Air para que realizara vuelos dentro de Cuba. El accidente ocurrió minutos después de que el Boeing 737-200 despegara del aeropuerto de La Habana con destino a la oriental ciudad de Holguín.
Según la prensa mexicana, el fallo responsabiliza de forma directa a la empresa por operar la aeronave en condiciones que, según la sentencia, no permitían su despegue.
La indemnización fue concedida a familiares de cuatro integrantes de la tripulación mexicana fallecidos en el siniestro: las sobrecargos María Daniela Ríos Rodríguez, Abigail Hernández García y Guadalupe Beatriz Limón García, además del técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez. Cada grupo familiar recibirá alrededor de 30 millones de pesos mexicanos.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio uno de los peores desastres de la aviación reciente vinculados a Cuba. La resolución judicial sostiene que el Boeing 737-200 fue operado sin el mantenimiento adecuado, pese a que existían advertencias claras de que la aeronave no debía volar.
Según el abogado Samuel González Ruiz, quien representó a los demandantes, durante el proceso se logró probar que la empresa ignoró una prohibición de vuelo. También se descubrió que los registros de mantenimiento fueron falsificados, un elemento que resultó decisivo para establecer la responsabilidad de la aerolínea mexicana.
El avión se precipitó a tierra apenas 35 segundos después del despegue. Los datos presentados fueron recogidos por los peritos de un grupo multinacional que examinó las cajas negras.
Para la jueza, la evidencia presentada fue suficiente para vincular el siniestro con irregularidades en la operación y en el mantenimiento de la aeronave. Algo que era de total responsabilidad de los directivos de Global Air que prestaban un servicio a nombre de Cubana de Aviación.
Aunque la sentencia representa un avance para los familiares de la tripulación, el litigio no termina aquí. González Ruiz explicó que existe una demanda colectiva en curso que incluye a los pasajeros, en su mayoría cubanos, lo que podría ampliar de forma considerable el alcance legal y económico del caso.
El abogado sostuvo que, una vez establecidos judicialmente los hechos, el fallo impacta de manera directa esa demanda colectiva y abre la puerta a nuevas sentencias. En otras palabras, la condena contra Global Air puede convertirse en la base para nuevas reclamaciones de familiares de las víctimas.
Las acciones legales en curso también apuntan a otros actores. Entre los señalados figuran fabricantes como Boeing, compañías aseguradoras, empresas relacionadas con el mantenimiento y autoridades mexicanas que permitieron la operación del vuelo. El caso, por tanto, podría escalar más allá de la aerolínea condenada que desde se declaró en quiebra pocos meses después del accidente en Cuba.
González Ruiz afirmó además que el gobierno mexicano ha enviado varias solicitudes de cooperación a La Habana para avanzar en la investigación penal, pero no ha obtenido respuesta en más de ocho años. Según su denuncia, Cuba no ha entregado los documentos requeridos para profundizar en las responsabilidades penales.
A ocho años del desastre, la sentencia marca un primer paso para los familiares que han buscado justicia desde 2018. Para el abogado, no se trata solo de una responsabilidad empresarial, sino institucional. Su conclusión resume el sentido del fallo: el avión no debía volar y, aun así, fue autorizado.
