Los economistas Pedro Monreal y Mauricio de Miranda Parrondo aconsejan que Cuba transite hacia una “economía social de mercado”. Sin embargo, para ello reconocen que el gran obstáculo es el dominio del Partido Comunista (PCC), por lo cual el país debe pasar por transformaciones políticas de gran calado y funcionar como Estado democrático de derecho.
De acuerdo con un análisis publicado en Cuba Economic Review, de Cuba Study Group, la crisis económica que tiene el país desde hace años no responde solo a políticas coyunturales fallidas ni a las sanciones estadounidenses, sino al agotamiento estructural del modelo de planificación centralizada impuesto por el PCC.
Para los autores, ese esquema ha demostrado su fracaso histórico y ha provocado distorsiones persistentes en la producción, los precios, los incentivos y la asignación de recursos.
Monreal y De Miranda señalan que las reformas parciales, lentas y reversibles aplicadas en la isla han fracasado de manera reiterada. A su juicio, la demora en los cambios genera inercia, limita la respuesta de la oferta y bloquea una estabilización macroeconómica eficaz.
Por ello, consideran que cualquier programa de transformación debe comenzar con una visión clara del modelo económico y político que se pretende construir.
Problemas de la planificación centralizada del PCC
- Errores sistemáticos en la asignación de recursos.
- Rigidez ante cambios tecnológicos.
- Falta de adaptación frente a nuevas demandas del mercado.
- Ausencia de disciplina financiera efectiva en las empresas estatales.
- Empresas estatales sin competencia real ni riesgo de quiebra.
- Distorsiones de precios por no responder a las reglas del mercado.
- Escasez crónica de productos y servicios.
- Baja calidad de la producción nacional.
- Colas frecuentes para acceder a bienes básicos.
- Racionamiento prolongado de alimentos y productos esenciales.
- Crecimiento de los mercados informales o subterráneos.
- Desequilibrios macroeconómicos.
- Desequilibrios entre sectores productivos.
- Costos económicos y sociales para toda la población.
Los autores vinculan además el control económico con el control político. Cuando el Estado, en manos de una burocracia, domina los medios de producción, el empleo, los salarios, los precios y la distribución de bienes, desaparece la autonomía de la sociedad civil. Esa concentración favorece, según el texto, la consolidación de formas autoritarias de gobierno.
La propuesta de Monreal y De Miranda se basa en avanzar hacia una economía social de mercado, con predominio de la empresa privada, sin excluir la participación de empresas públicas.
Ese modelo requiere reglas claras, respeto a la propiedad privada, defensa de la competencia, regulación de los mercados y políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento con progreso social.
El análisis de los expertos subraya que el mercado debe operar mediante precios formados por la oferta y la demanda, pero no como un mecanismo sin límites.
Los economistas reconocen que los mercados pueden fallar y que, por tanto, necesitan regulación estatal y autorregulación asociativa. El objetivo, precisan, no debe ser únicamente ampliar el mercado, sino subordinarlo al bienestar colectivo.
Aunque reconocen que países como China y Vietnam impulsaron reformas de mercado bajo gobiernos comunistas, Monreal y De Miranda rechazan esa vía como modelo para Cuba.
Sostienen que esos casos produjeron crecimiento económico, pero no ampliaron libertades civiles ni establecieron controles democráticos efectivos sobre la gestión gubernamental.
Cuba requiere un Estado democrático con capacidad para diseñar, ejecutar y controlar políticas económicas clave, regular los mercados, garantizar la competencia, crear normas antimonopolio, desarrollar infraestructura y promover políticas sociales contra la pobreza.
