El centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz seguirá en funcionamiento después de que el Onceno Circuito de Apelaciones bloqueó la orden de una jueza federal que había solicitado su desmantelamiento. La decisión, emitida el jueves, permite que la instalación continúe operando mientras avanza la apelación del caso.
El cierre definitivo del centro de detención migratorio Alligator Alcatraz costaría al estado de Florida los 218 millones de dólares invertidos para convertir un aeropuerto remoto de los Everglades en cárcel.
Según la agencia AP, un cierre parcial de una semana representaría un costo inmediato de entre 15 millones y 20 millones de USD para el estado, el mismo rango de cantidades si se decide reabrirla posteriormente. El monto es por concepto de traslados de personal y recursos.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la decisión judicial como una victoria para su administración. En un mensaje de video, DeSantis aseguró que el fallo del tribunal ratifica que “la misión continúa”. Aseguró además que los medios de comunicación malinterpretaron la situación, informando falsamente que el centro de detención estaba cerrando.
“Nunca fue cierto, hemos seguido trasladando inmigrantes ilegales de regreso a sus países. La corte ha dejado claro que seguimos abiertos y liderando en materia de aplicación de la ley migratoria”, afirmó el gobernador.
Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también destacó el fallo del tribunal en redes sociales. En su mensaje, Uthmeier señaló que la decisión no solo bloqueó el cierre de Alligator Alcatraz, sino que también impidió que la jueza continuara con el caso hasta que se resuelva la apelación. En su opinión, la decisión representa “una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump”.
Desde Washington, el Departamento de Seguridad Nacional calificó el fallo como una “gran victoria”. En un comunicado, destacó que la demanda no trataba sobre los impactos ambientales del centro, sino que se centraba en los esfuerzos de activistas y jueces que buscan evitar que se cumpla la ley.
Mientras el gobierno estatal celebra el fallo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su preocupación por las consecuencias que tendrá la reapertura de Alligator Alcatraz. En un comunicado oficial, la máxima autoridad condal calificó la decisión como un retroceso en la lucha por la justicia y la protección ambiental.
Levine Cava destacó que el fallo representa un revés para los esfuerzos del condado por exigir responsabilidad y justicia. Recordó que la semana pasada, una jueza federal había ordenado desmantelar el centro al reconocer los riesgos graves que sus operaciones representan para los recursos naturales de la región, vitales para la salud, economía y futuro de Miami-Dade.
“Por meses, hemos acompañado a nuestra comunidad en alzar la voz contra el trato inhumano, la falta de protecciones ambientales y la ausencia de supervisión en el centro de detención”, afirmó. También expresó su preocupación por el impacto del centro en los recursos naturales de la región, especialmente en lo relacionado con el agua potable.
En tal sentido, se comprometió a que el condado continuará trabajando junto a defensores y aliados para garantizar los derechos básicos, la dignidad humana y la protección ambiental, en lo que prometió que sería una lucha constante para cambiar la situación.
Por ahora el litigio sigue en curso y se prevé que continúe en las instancias judiciales superiores. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirá operando el centro de detención en medio de los Everglades.
