Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizan desde hoy un proyecto de ley que permitirá al Ministerio del Interior ampliar la recopilación de datos biométricos y reforzar el control policial sobre la identidad, el domicilio y la actividad digital de los cubanos y extranjeros residentes en la Isla.
La propuesta, informada por Periódico Cubano hace unos días, forma parte de los proyectos incluidos en el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, correspondiente a su X Legislatura.
Las reuniones se desarrollarán mediante videoconferencia: los diputados residentes en La Habana participarán desde el Palacio de Convenciones, mientras el resto se conectará desde sus respectivas provincias, situación que refleja una afectación por la escasez de combustible.
El proyecto es conocido como Ley del Sistema de Identidad y Domicilio, cuyo objetivo es regular la identidad personal y el domicilio, así como garantizar el reconocimiento de ciudadanos cubanos y extranjeros residentes.
Su contenido otorga al Ministerio del Interior nuevas herramientas para centralizar información sensible y vigilar a la población. Hasta ahora, los registros oficiales de identidad se apoyaban principalmente en fotografías y huellas dactilares.
La nueva legislación permitirá recopilar y almacenar patrones de voz, imágenes del iris, rasgos faciales avanzados y otros datos biométricos que facilitan la identificación automática de las personas.
La norma también contempla la creación de una Identidad Digital Certificada, necesaria para realizar trámites en línea. Este sistema vinculará directamente las gestiones electrónicas de cada ciudadano con su expediente estatal, lo que permitirá a las autoridades reconstruir con mayor facilidad su actividad en plataformas y servicios digitales.
El proyecto introduce además un registro de domicilio más estricto. Cada ciudadano o extranjero residente solo podrá tener un domicilio legal inscrito y deberá actualizarlo de manera inmediata después de una mudanza. La vivienda registrada será considerada el centro oficial de las relaciones jurídicas de la persona con el Estado.
En un país donde el Ministerio del Interior controla la policía, la Seguridad del Estado, los registros migratorios y buena parte de las estructuras de identificación, la concentración de datos biométricos genera preocupaciones sobre su posible utilización para vigilar a opositores, periodistas independientes, activistas y ciudadanos críticos.
Ley de Vivienda y Código Laboral bajo análisis
La Asamblea Nacional también analizará una nueva Ley de Vivienda, publicada en febrero tras seis años de retraso respecto al cronograma legislativo de 2019. La norma llega en medio de un déficit oficial de unas 800.000 viviendas y permitirá que una persona natural posea hasta tres inmuebles. Sin embargo, no ofrece soluciones estructurales para quienes todavía no pueden acceder a una primera casa.
El proyecto menciona créditos, subsidios y programas estatales, pero no los establece como derechos exigibles. Tampoco define plazos, montos mínimos, criterios transparentes de asignación ni mecanismos eficaces de reclamación.
En la práctica, la compra de una vivienda en Cuba continúa dependiendo del acceso a divisas, remesas, ingresos privados o capital acumulado fuera del empleo estatal, lo que mantiene excluidos a jóvenes, madres solteras y trabajadores públicos.
Los diputados también examinarán el nuevo Código de Trabajo, publicado el 8 de junio. Aunque reconoce modalidades como el trabajo a distancia, el uso de tecnologías y formas laborales flexibles, mantiene restricciones esenciales. El texto no garantiza el derecho efectivo a la huelga ni la negociación colectiva independiente.
La referencia a “organizaciones sindicales” tampoco rompe el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba, subordinada al Partido Comunista, porque la legislación impide registrar entidades con fines similares.
Además, el Parlamento recibirá un informe sobre las 176 medidas económicas anunciadas en junio, en un contexto de inflación, escasez y deterioro de los servicios públicos. Las autoridades presentarán los avances del primer mes y las tareas pendientes, sin indicadores suficientes para evaluar sus resultados.
