
Una mujer de 62 años, identificada como Ailin de los Ángeles Fernández, fue arrestada en el condado de Miami-Dade, acusada de protagonizar un presunto fraude inmobiliario valorado en 1,4 millones de dólares mediante la falsificación de documentos legales para apropiarse de una vivienda y obtener una hipoteca de 850.000 dólares.
La acusada fue detenida el jueves poco después de las 5:00 p. m. en una residencia del área de Redlands. Posteriormente, ingresó en el centro penitenciario Turner Guilford Knight, según los registros de las autoridades, informó Local 10.
De acuerdo con la orden de arresto, un detective de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade determinó que Fernández habría utilizado la plataforma LawDepot para elaborar documentos fraudulentos que le permitieron reclamar la propiedad de una vivienda unifamiliar.
El inmueble se encuentra en un terreno de aproximadamente 4,8 acres. Para conseguir el control de la propiedad, la sospechosa habría creado un testamento y una escritura de garantía con fechas correspondientes a 2006.
Sin embargo, la investigación sostiene que los documentos fueron elaborados en 2022, más de 15 años después del fallecimiento del propietario original.
El detective señaló que Fernández utilizó sus propios datos de identificación personal para abrir una cuenta en LawDepot y preparar los documentos que supuestamente respaldaban la transferencia de la propiedad.
La investigación también apunta a que la mujer falsificó o modificó documentos y firmas para darles apariencia de autenticidad y justificar una titularidad anterior.
Uno de los movimientos financieros investigados ocurrió el 10 de enero de 2023, cuando Fernández habría conseguido una hipoteca de 850.000 USD utilizando el inmueble como garantía.
Nueve cargos y posibles condenas en Florida
Fernández enfrenta nueve cargos: fraude organizado por una cantidad de 50.000 USD o más, robo relacionado con personas mayores, hurto mayor en primer grado por una cantidad de 100.000 USD o más, tres cargos por presentar documentos falsos y otros tres por falsificación.
Las acusaciones podrían exponerla a penas de prisión considerables si resulta declarada culpable. Según los estatutos de Florida, el fraude organizado por cantidades superiores a 50.000 USD constituye un delito grave de primer grado, castigado con hasta 30 años de cárcel.
El hurto mayor de bienes valorados en 100.000 USD o más también constituye un delito grave de primer grado, con una pena máxima de 30 años de prisión.
Por su parte, la falsificación y la presentación ilegal de documentos falsos relacionados con propiedades inmobiliarias pueden constituir delitos graves de tercer grado, castigados con hasta cinco años de cárcel por cada cargo.
Además, las multas pueden alcanzar los 10.000 USD para delitos graves de primer grado y los 5.000 USD para los de tercer grado. La legislación también contempla multas superiores en determinadas circunstancias, equivalentes al doble de la ganancia obtenida o de las pérdidas ocasionadas.
Estas son las penas máximas previstas por la legislación y no significan que Fernández recibirá necesariamente esas condenas. La sentencia dependerá de los delitos que finalmente se prueben, las circunstancias del caso y la decisión judicial.