El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció este miércoles el agravamiento de los apagones en Cuba, tras advertir que el Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una situación “particularmente tensa” y que el país enfrentaría un déficit superior a 2.000 MW durante el horario de máxima demanda.
En un mensaje en sus redes sociales, atribuyó la crisis a las sanciones de Estados Unidos y pidió a los cubanos mantenerse “firmes para enfrentar los más duros desafíos”.
La declaración llega después de sonadas protestas populares en varios barrios de La Habana para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica. Cientos de capitalinos se manifestaron con cacerolazos y fogatas en las calles durante la noche de ayer martes.
En el transcurso del día miércoles y a pesar de la vigilancia policial, el pueblo ha continuado en las calles. Sin embargo, Díaz-Canel no asume la responsabilidad tras más de ocho años al frente del gobierno y toda una vida militando en el Partido Comunista.
Sostuvo que el deterioro del servicio tiene, según su versión, una “única causa”: lo que calificó como “bloqueo energético” de Washington contra La Habana.
De acuerdo con el sucesor de Raúl Castro, las medidas estadounidenses buscan impedir que terceros países suministren combustible a Cuba mediante amenazas de aranceles y sanciones. También aseguró que, solo este miércoles, la falta de combustible habría dejado fuera de generación unos 1.100 MW.
El mensaje oficial llega en una etapa marcada por extensos cortes de electricidad, afectaciones a la producción y creciente malestar ciudadano. La propia explicación de Díaz-Canel confirma la dependencia del país de los envíos de combustible para sostener la generación eléctrica.
Según afirmó, en abril hubo una mejoría parcial del servicio por la llegada a puerto cubano de un solo buque, aunque el país necesitaría al menos ocho embarcaciones mensuales para cubrir sus necesidades mínimas.
Esa admisión vuelve a colocar en primer plano la fragilidad estructural del sistema energético cubano. La falta de combustible es una parte visible del problema, pero no la única.
Durante años, el régimen ha aplazado inversiones profundas en termoeléctricas, redes de distribución y mantenimiento industrial, mientras ha destinado recursos a otros sectores, incluida la construcción hotelera, pese a la baja ocupación turística y al deterioro de servicios esenciales.
En su publicación, Díaz-Canel insistió en que medios estadounidenses vinculados, según él, a agencias federales, han intentado presentar la crisis como consecuencia de la mala gestión del Gobierno cubano.
El gobernante afirmó que esos medios han tenido que reconocer la “resistencia” del pueblo y la “unidad” de su administración. También rechazó que Cuba sea un “estado fallido”, pese al colapso de servicios básicos, la inflación, el éxodo masivo y la escasez generalizada.
El discurso repite una línea habitual del poder comunista: responsabilizar a Estados Unidos por el deterioro económico y energético, sin asumir el peso de las decisiones internas.
El embargo y las sanciones inciden en la capacidad financiera del régimen, pero no explican por sí solos la falta de transparencia, la ausencia de reformas reales, el monopolio estatal sobre sectores estratégicos ni la negativa a abrir la economía y la política a una competencia efectiva.
Díaz-Canel también recordó las 243 medidas impuestas durante la anterior administración de Donald Trump y mencionó órdenes ejecutivas que, según dijo, bloquean el suministro de combustible y penalizan a quienes comercien o inviertan en Cuba.
En su argumento, Washington busca agravar las carencias para usar el sufrimiento del pueblo como presión contra el Gobierno.
Sin embargo, la crisis eléctrica no comenzó con las sanciones más recientes. Las termoeléctricas cubanas arrastran décadas de explotación, averías frecuentes y falta de piezas.
La obsolescencia tecnológica, el endeudamiento externo y la incapacidad para importar combustible de forma estable han convertido los apagones en una rutina nacional. La población, además, carece de mecanismos democráticos para exigir responsabilidades a quienes dirigen el país desde hace más de seis décadas.
El gobernante defendió que la flexibilización de algunas medidas en años anteriores demostró cuánto podrían beneficiarse Cuba y Estados Unidos de una relación comercial menos restringida. También acusó a un “grupo reducido de ultraderechistas” de secuestrar la política hacia La Habana y de exigir más presión sobre la población cubana.
El sufrimiento de los cubanos no terminará solo con cambios externos. La solución también requeriría libertades económicas, pluralismo político, respeto a la propiedad privada, apertura real a la inversión y la salida de una dirigencia que ha preservado el poder mientras el país se empobrece.
