En mayo de 2025, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó un total de 851 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba, un aumento del 6.5 % respecto a los 799 eventos registrados en abril.
El incremento refleja el creciente malestar social generado por una crisis multidimensional que incluye apagones prolongados, escasez de alimentos, agua y servicios básicos, así como un deterioro alarmante de la seguridad ciudadana.
El aumento abrupto de las tarifas de Internet por parte de Etecsa, anunciado el 30 de mayo, desató una protesta inédita que trascendió las redes sociales y alcanzó a sectores oficiales como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). La medida elevó significativamente los costos de los paquetes móviles, imposibilitando el acceso a Internet para muchos cubanos ya afectados por la crisis económica y energética.
En paralelo, los reportes de violencia crecieron con asesinatos, homicidios y feminicidios en varias provincias. Casos como el apuñalamiento en Camagüey y otros 14 feminicidios registrados en lo que va del año evidencian un deterioro preocupante en la seguridad y la convivencia social.
Las protestas callejeras se multiplicaron en ciudades como Pinar del Río, Cienfuegos, Bayamo, Holguín y Santiago de Cuba, con consignas críticas al régimen y reclamos por los apagones y la escasez. A su vez, denuncias públicas en redes sociales y medios independientes alertaron sobre la crisis de basura, agua, alimentación y negligencias médicas.
El incremento de la inseguridad también se reflejó en la escalada de robos en espacios públicos, transporte y propiedades privadas. Casos de carteristas, hurtos violentos y saqueos institucionales fueron denunciados, mientras la respuesta policial fue calificada como insuficiente o inexistente por la población afectada.
Las desapariciones de personas, en especial mujeres y niños, sumaron preocupación, con casos reportados en La Habana, Holguín y Camagüey. La limitada capacidad policial y la crisis socioeconómica han dificultado la búsqueda y resolución de estos hechos.
La crisis energética y el colapso de servicios básicos han agravado la situación. Apagones de hasta 18 horas diarias afectan la comunicación, el transporte y la vida cotidiana. La escasez de combustible y alternativas precarias como la leña complican aún más el acceso a necesidades elementales.
En el ámbito político, la represión contra presos políticos, activistas, periodistas y ciudadanos ha aumentado. Con más de 1,100 presos políticos, el régimen mantiene una política de hostigamiento, vigilancia y castigos en las cárceles, mientras extiende la represión a las familias de los detenidos y a la sociedad civil en general.
A pesar de este panorama, la ciudadanía ha mostrado una creciente participación en acciones cívicas y campañas de denuncia. Iniciativas como No te calles y Sin campo no hay país han movilizado a cientos de personas en diversas provincias, evidenciando un compromiso social frente a la crisis.
La crisis habitacional y sanitaria también se mantiene crítica. Derrumbes de viviendas, falta de mantenimiento, escasez de medicinas y condiciones insalubres en hospitales agravan la vulnerabilidad de la población.
