La audiencia federal sobre la demanda colectiva presentada por cientos de cubanos liberados en Estados Unidos bajo formularios I-220A fue aplazada por segunda vez y ahora se celebrará el próximo 10 de septiembre de 2026 en Miami.
La jueza federal Jacqueline Becerra, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una orden en la que reprogramó el argumento oral para las 8:30 de la mañana en el tribunal Wilkie D. Ferguson Jr., ubicado en el centro de Miami.
La vista estaba prevista inicialmente para el 26 de agosto. Posteriormente, fue trasladada al 2 de septiembre, pero una nueva actualización del expediente modificó nuevamente el calendario sin explicar públicamente las razones del cambio.
El gobierno busca desestimar la demanda presentada por cubanos
La audiencia del 10 de septiembre estará centrada en la solicitud presentada por el gobierno federal para que sea desestimada la primera demanda colectiva enmendada y la petición de hábeas corpus presentada por los demandantes.
El caso, identificado como Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, fue presentado inicialmente en representación de aproximadamente un millar de cubanos que recibieron una I-220A después de ser procesados y liberados por autoridades migratorias estadounidenses.
Los demandantes solicitan que el tribunal determine que las condiciones bajo las cuales fueron detenidos, procesados y posteriormente liberados deben tener efectos legales equivalentes al parole migratorio.
Ese reconocimiento podría abrir la posibilidad de que algunos beneficiarios puedan solicitar la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, siempre que cumplan con el resto de los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que una I-220A no constituye por sí sola un documento de parole y cuestiona tanto la jurisdicción del tribunal como el mecanismo legal utilizado por los demandantes para presentar sus reclamos.
La referida audiencia permitirá que ambas partes expongan sus argumentos ante la jueza antes de que el tribunal tome una decisión sobre la continuidad del proceso.
Después de escuchar los argumentos, la jueza podría emitir una resolución posteriormente. También tiene la posibilidad de solicitar información adicional, documentos complementarios o nuevos argumentos antes de pronunciarse.
Entre los posibles escenarios está que el tribunal rechace la petición del gobierno y permita que la demanda continúe. Otra posibilidad es que acepte total o parcialmente la solicitud de desestimación, limite algunas reclamaciones o determine el alcance del proceso colectivo.
Incluso si el caso avanza como demanda colectiva, esto no significaría que todos los cubanos con I-220A obtendrían automáticamente un beneficio migratorio. El resultado dependería de cómo el tribunal defina al grupo de personas afectadas y qué argumentos permita continuar.
La Junta de Apelaciones de Inmigración ha sostenido previamente que una liberación mediante I-220A no equivale al parole requerido por la Ley de Ajuste Cubano. La demanda federal busca cuestionar las consecuencias legales de ese procedimiento migratorio.
