El exdirector asociado de ingeniería del Jackson Health System (JHS), Heriberto Martínez, fue acusado de corrupción por aceptar pagos en efectivo y regalos a cambios de adjudicar contratos, anunció la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.
En el comunicado de prensa de la Fiscalía se detallan los resultados de la auditoría llevada a cabo en la institución sanitaria por parte de la Sección de Corrupción Pública del Departamento de Policía de Miami-Dade y fiscales de la División de Corrupción Pública de la Oficina del Fiscal del Estado.
De acuerdo con las investigaciones, Martínez aceptó pagos en efectivo, boletos de avión y entradas para partidos de fútbol como parte de las prebendas ofrecidas por las empresas que actuaron de contratistas del JHS. En ese sentido, se descubrieron depósitos en efectivo en la cuenta bancaria de Martínez, totalizando 65.610 dólares en al menos 19 ocasiones durante los años 2020 y 2021.
La fiscal Fernández Rundle expresó su decepción ante la conducta de empleados públicos que aceptan sobornos, recalcando que estos actos provienen del bolsillo de los contribuyentes del condado de Miami-Dade. “Es inaceptable que empleados públicos se enriquezcan a costa de los fondos públicos,” afirmó.
Carlos A. Migoya, presidente y CEO de Jackson Health System, enfatizó la política de tolerancia cero del JHS hacia este tipo de conducta. Destacó la eficacia del proceso de auditoría interna del JHS en la detección de estas irregularidades, y reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia, responsabilidad y cooperación con las autoridades.
La sentencia para casos de compensación ilegal y corrupción en Florida varía según la gravedad y detalles del delito. Los sobornos pueden ser clasificados como delitos graves de segundo o tercer grado, con penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares. La malversación de fondos públicos, un delito grave de primer grado, puede conllevar hasta 30 años de prisión.
Además de las penas de prisión, el acusado podría ser obligado a reembolsar los fondos y pagar multas adicionales. Las consecuencias incluyen pérdida del empleo, inhabilitación para cargos públicos futuros y un impacto negativo en la reputación. La sentencia final depende de factores específicos y de la decisión del juez.
Polémicas con las instituciones sanitarias en Florida
Al mismo tiempo que se produce dicha situación en el JHS, otras instituciones sanitarias están envueltas en polémicas debido a la bancarrota del operador Steward Health Care System, que administra 31 hospitales en EEUU, incluyendo el Hialeah Hospital y el Palmetto Hospital en Florida. La empresa enfrenta una deuda de 9 mil millones de dólares y está bajo investigación por posibles sobornos y corrupción.
En Florida, médicos y enfermeras reportan carencias de suministros y equipos rotos, especialmente en North Shore Medical Center en North Miami-Dade. A pesar de la crisis, Steward asegura que sus hospitales seguirán operando normalmente durante el proceso de quiebra.
El cubanoamericano Ralph de la Torre, dueño de Steward Health Care, enfrenta críticas y una investigación federal tras declarar en quiebra a su cadena de hospitales. La empresa, con sede en Dallas, está acusada de posibles sobornos en el extranjero y enfrenta problemas financieros graves.
