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Así descubrieron un fraude por más de 73.000 dólares que involucra a una cubana en Florida

Así descubrieron un fraude por más de 73.000 dólares que involucra a una cubana en Florida
La detenida puede recibir hasta 10 años de cárcel si es encontraba culpable del fraude. (Captura de pantalla © Telemundo 51 – Web)

Una cubana, identificada como Marilyn P. Mato, de 62 años, terminó bajo arresto en Miami Gardens por ser sospechosa de utilizar un acta de matrimonio falsa para cobrar beneficios del Seguro Social correspondientes a un hombre fallecido, informó Telemundo 51.

Según la investigación por parte de la policía local, la detenida logró obtener más de 73.000 dólares entre abril de 2022 y enero de 2026. Por tal motivo, enfrenta cargos de hurto mayor y un esquema organizado par defraudar.

De acuerdo con el reporte policial citado por medios locales, Mato presentó ante la Administración del Seguro Social de Estados Unidos un certificado de matrimonio cubano para justificar el cobro de prestaciones vinculadas a un hombre ya fallecido.

Mientras la sospechosa recibía el dinero, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por su siglas en inglés), activó un proceso de verificación internacional ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para dar autenticidad al documento.

La respuesta de las autoridades cubanas fue que el certificado no coincidía con sus registros oficiales, por lo que fue considerado fraudulento. Posteriormente, fue detenida y comenzó un proceso judicial que puede llevar en libertad mediante el pago de una fianza de 7.500 dólares.

A nivel federal, presentar declaraciones falsas o información material engañosa para obtener beneficios del Seguro Social puede dar lugar a cargos penales bajo la ley federal.

El marco legal contempla penas de prisión para conductas fraudulentas vinculadas a solicitudes o cobros indebidos, mientras que el robo o conversión ilegal de fondos públicos por montos superiores a 1.000 dólares puede ser castigado con hasta 10 años de cárcel.

En Florida, además, las autoridades pueden procesar este tipo de hechos bajo figuras como esquema organizado para defraudar. La legislación estatal establece distintos niveles de gravedad según el dinero obtenido, y permite agregar el valor total de los bienes o fondos recibidos dentro de una misma maniobra fraudulenta para determinar el grado del delito.

La Administración del Seguro Social también puede imponer sanciones administrativas, incluida la suspensión de pagos presentes o futuros por periodos de 6, 12 o 24 meses, además de exigir la devolución del dinero pagado indebidamente. Esas penalidades pueden aplicarse, aunque existan procesos penales separados.

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