Audio filtrado revela el descontento de cuentapropistas cubanos con las nuevas restricciones del régimen

La resolución obliga a las Mipymes y TCP a comercializar de forma mayorista solo con empresas estatales. (Captura de pantalla © Alitas World – YouTube)

Un audio filtrado de una reunión entre cuentapropistas cubanos y representantes del régimen comunista ha expuesto la frustración y el descontento del sector privado con las nuevas restricciones que afectan la actividad de comercialización.

En el material, que circula en redes sociales, se cuestiona la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior, que limita severamente la comercialización mayorista y amenaza la supervivencia de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP). Estas nuevas normativas han sido calificadas como un “retroceso” por economistas y observadores internacionales.

Los cuentapropistas critican directamente al sistema estatal, señalando que las regulaciones no solo obstaculizan sus negocios, sino que también atentan contra los principios fundamentales de democracia y revolución. Un participante señaló: “Ustedes como gobierno tienen la obligación de resolver sus problemas, y nosotros los nuestros. Pero no nos pueden pisotear así”.

Algunos expusieron sus criterios con los mismos conceptos de la propaganda comunista, pero volteando el argumento. “Aquí no hay democracia. Las decisiones las toman sin consultarnos, sin siquiera discutirlas con el pueblo, y luego pretenden que las acatemos como si fueran justas. La Revolución no se ha sostenido por los dirigentes, sino por el pueblo. Y ese mismo pueblo es al que ustedes están asfixiando”.

Otros denunciaron la falta de independencia del sector privado, reprochando la obligatoriedad de contratar a familiares como empleados bajo contratos laborales formales, un requisito que calificaron de “absurdo”. “¿Por qué tengo que pagarle un salario a mi esposa si somos una familia?”, reclamó otro de los asistentes.

La reciente resolución obliga a las Mipymes y cooperativas a comercializar únicamente sus propios productos a través de entidades estatales o comercializadoras controladas por el gobierno. Además, se establece un plazo de 90 días para actualizar licencias y de 120 días para liquidar inventarios mayoristas. Aquellos que incumplan serán sancionados con multas, decomisos y la cancelación de licencias operativas.

En el material auditivo los trabajadores lamentan la falta de representación y diálogo: “Nunca he visto a una provincia oponerse a una ley nacional. Ustedes solo obedecen”. Los cuentapropistas no solo exigen cambios estructurales, sino respeto por su labor. “Lo único que queremos es que nos escuchen y nos dejen vivir”, argumentan.

Por la importancia del tema, hasta la embajada de Estados Unidos en La Habana se han pronunciado, advirtiendo que estas medidas empeorarán la inseguridad alimentaria y afectarán a los emprendedores.

“Nosotros no somos responsables de la inflación ni de los problemas económicos del país. Siempre somos los primeros en sacrificarnos, pero no podemos cargar con los errores de los dirigentes. El sector privado no abusa del pueblo, porque existe la competencia. Somos nosotros los que bajamos los precios, no el Estado”, concluyeron.