El cierre del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” podría costarle al estado de Florida los 218 millones de dólares, invertidos para convertir un aeropuerto remoto de los Everglades en dicha cárcel.
El sitio podría quedar vacío en próximas semanas, ya que una jueza federal ratificó el miércoles su orden de reducir las operaciones de la instalación, mediante el traslado de los detenidos a otros centros y la suspensión de cualquier obra de ampliación.
El cierre representará un costo inmediato de entre 15 millones y 20 millones de USD para el estado, y mismo rango de cantidades si se decide reabrirla, según documentos judiciales presentados, informó AP.
La División de Manejo de Emergencias de Florida perderá la mayor parte del valor de los 218 millones que ha invertido en hacer que el aeropuerto sea adecuado para un centro de detención, dijo un funcionario estatal en documentos judiciales.
La instalación, construida rápidamente con jaulas de alambre y grandes carpas blancas llenas de literas, fue inaugurada oficialmente el 1 de julio pasado. El centro se diseñó como un modelo para futuras instalaciones de detención en Estados Unidos, según sugirió el presidente Donald Trump durante su visita a la instalación para su apertura.
El fallo emitido por la jueza federal Kathleen Williams responde a una denuncia presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la construcción del centro representa una amenaza para la fauna y flora del pantano, ubicado al sur de Florida.
La activista Jessica Namath, quien ha estado monitoreando el centro, observó que algunas carpas blancas estaban siendo retiradas, aunque los remolques de FEMA y los baños portátiles no se habían levantado del lugar.
Los defensores de derechos civiles han denunciado problemas graves con las instalaciones, incluyendo inodoros que no descargan, lo que ha causado inundaciones de desechos fecales.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentan que las leyes federales de protección ambiental no se aplican al estado de Florida, y el gobierno federal no ha financiado la construcción ni operación del centro, aunque Florida busca subvenciones federales para cubrir parte de los costos.
El gobierno federal tiene la intención de apelar la decisión en los tribunales para evitar el cierre definitivo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó que se presentará la impugnación, mientras se cumple con la orden de suspender la recepción de nuevos detenidos y retirar la infraestructura adicional.
Mientras tanto, el gobierno del republicano Ron DeSantis está planificando abrir una nueva instalación de detención en el norte de Florida, conocida como el “Depósito de Deportación”, que se ubicará en una prisión estatal.
Con una capacidad inicial de 1.300 personas y la posibilidad de expandirse a 2.000, esta nueva instalación está destinada a satisfacer la creciente demanda de espacio para los migrantes detenidos como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.
