La crisis de la atención estomatológica en Cuba obliga a numerosos ciudadanos a recurrir a consultas particulares ante la escasez de materiales, el deterioro de las clínicas estatales y la falta de profesionales. Los tratamientos pueden alcanzar los 82.000 pesos cubanos, mientras las autoridades mantienen restricciones al ejercicio privado de la odontología.
Según una investigación publicada por Diario de Cuba el 4 de noviembre, pacientes y trabajadores sanitarios denuncian la paralización de servicios básicos. Carmen, asistente dental, asegura que muchas personas prefieren extraerse una pieza antes que repararla porque resulta más económico.
Uno de los casos es el de Raúl, un jubilado de 76 años que necesita renovar sus prótesis. En una consulta particular le solicitaron 41.000 pesos por cada una. Ante la imposibilidad de reunir 82.000 pesos, contempla reparar las antiguas.
Tratamientos dentales en Cuba: precios fuera del alcance de muchos
Los testimonios recogidos indican que una extracción o un empaste pueden costar 2.500 pesos. Sin embargo, los precios varían entre proveedores. Una usuaria identificada como Zaine Hernández afirmó en Facebook que extraerse una muela cuesta 5.000 pesos.
Otra paciente, Alina, explicó que pagó 32.000 pesos por tres piezas dentales. Para numerosos jubilados y trabajadores estatales, estos importes representan una barrera económica que dificulta recibir atención.
La situación también refleja el deterioro de los servicios públicos. Los pacientes denuncian dificultades para conseguir anestesia, problemas de abastecimiento de agua y equipos sin condiciones adecuadas para realizar procedimientos.
El régimen cubano mantiene restricciones contra los dentistas privados
La crisis presenta una contradicción: mientras los servicios estatales resultan insuficientes, el Gobierno restringe las alternativas particulares. En julio de 2025, Periódico Cubano informó sobre citaciones policiales a estomatólogos privados en La Habana y Pinar del Río, tras denuncias relacionadas con estas actividades.
Las restricciones continúan bajo el Decreto 160 de 2026, que incluye las actividades profesionales de odontología entre los servicios reservados al sistema estatal. Esta política limita las opciones legales para profesionales y pacientes.
La presión sobre los trabajadores sanitarios también tiene otros antecedentes. En abril de 2026, este propio medio reportó la detención del cirujano Yonardo Fonseca Mesa después de denunciar arbitrariedades administrativas en un hospital de Ciego de Ávila.
Miles de estomatólogos menos y un sistema sanitario deteriorado
La pérdida de personal agrava el problema. Según las cifras del Anuario Estadístico de Salud Pública el número de estomatólogos pasó de 20.903 en 2021 a 11.740 en 2025, una reducción cercana al 44%.
En redes sociales, Marlen Trujillo, quien se identifica como dentista emigrada, atribuyó su salida del país a la imposibilidad de trabajar con materiales adecuados. Otros usuarios defendieron la coexistencia de servicios estatales y privados.
La crisis evidencia las consecuencias de un sistema sanitario que no consigue garantizar tratamientos básicos y mantiene obstáculos a alternativas profesionales. Mientras persistan estas condiciones, muchos cubanos seguirán enfrentándose a una decisión dolorosa: pagar sumas elevadas por conservar sus dientes o renunciar al tratamiento.
Análisis crítico: restricciones estatales y derecho a la salud
El problema estomatológico cubano no se limita a la falta de recursos. También expone las consecuencias de un modelo de gestión que concentra en el Estado la prestación de servicios sanitarios profesionales, incluso cuando su infraestructura no logra satisfacer la demanda.
La prohibición de ejercer libremente la odontología reduce las alternativas disponibles y empuja parte de la atención hacia la informalidad, sin mecanismos transparentes de supervisión sanitaria. Esto representa riesgos tanto para los pacientes como para los profesionales.
La respuesta represiva denunciada contra algunos dentistas particulares resulta especialmente cuestionable cuando numerosos ciudadanos dependen de sus servicios. La protección de la salud pública exige controles de calidad, pero también soluciones que permitan ampliar el acceso a tratamientos seguros y asequibles.
