El pasado 2 de abril, La Habana presentó como “gesto humanitario” la puesta en libertad de 2.010 reclusos. Sin embargo, tanto Human Rights Watch como otras organizaciones civiles confirmaron que ningún preso político quedó incluido en esa medida.
Cuando el gobierno cubano hizo pública la noticia del indulto, cientos de familias de presos políticos se aferraron a la posibilidad de un reencuentro. La expectativa duró poco.
Organismos como Prisoners Defenders y Justicia 11J revisaron las listas y concluyeron que, si bien algunos de sus casos figuraban entre los liberados, la gran mayoría de los detenidos por razones políticas continuaban confinados.
Human Rights Watch y otras entidades de la sociedad civil no lograron verificar que ningún disidente hubiera salido en libertad.
Más de 700 opositores y activistas cubanos siguen presos
La clave estaba en la letra pequeña del decreto. Las autoridades cubanas establecieron desde el inicio que quedarían excluidos quienes tuvieran condenas relacionadas con “crímenes contra la autoridad”.
Bajo ese paraguas legal caben figuras como el “desacato”, la “propaganda” y la “agresión”, tipificaciones que el Estado lleva décadas usando para procesar a activistas, periodistas y cualquier ciudadano que se atreva a disentir abiertamente.
En la práctica, esa cláusula actuó como un filtro que blindó el sistema carcelario frente a quienes más necesitaban ser liberados.
Cientos más viven bajo arresto domiciliario
Las organizaciones Justicia 11J y Defensores de los Presos estiman que más de 700 personas permanecen detenidas por motivos políticos y que cientos más viven bajo arresto domiciliario o sujetas a restricciones severas de movimiento.
Entre ellos se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual condenado a cinco años por “insultar símbolos nacionales”, entre otros cargos, después de portar una bandera cubana sobre sus hombros en señal de protesta y publicar un video anunciando su asistencia a las multitudinarias manifestaciones de julio de 2021.
En marzo de 2026, otro artista, Leonard Richard González Alfonso, recibió una pena de siete años por “propaganda contra el orden constitucional” tras escribir en una pared la frase: “¿Cuánto tiempo más? Nos están matando”.
Testimonio de quienes ya salieron: vigilancia y miedo al regreso
El panorama de los liberados previos tampoco es alentador. Presos excarcelados gracias a las negociaciones facilitadas por el Vaticano en enero de 2025 relataron ante Human Rights Watch golpizas, aislamiento prolongado, condiciones sanitarias deplorables y restricción de acceso a agua potable y alimentos.
Varios de ellos aseguraron seguir bajo vigilancia permanente desde que recuperaron la libertad. El temor a ser detenidos de nuevo no es infundado: al menos siete ex presos políticos han regresado a prisión tras publicar críticas en redes sociales o simplemente no comparecer ante las autoridades cuando fueron citados.
El embargo estadounidense no es justificación
Human Rights Watch dejó clara su postura en un comunicado: “Cuba debe liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos. Los cubanos deben poder expresarse libremente, sin miedo”.
La organización también subrayó que ni el embargo estadounidense ni el bloqueo petrolero constituyen una justificación para mantener encarcelados a quienes simplemente ejercen su derecho a la crítica.
¿Gesto humanitario o cortina de humo?
El indulto de Semana Santa quedará en la memoria como una medida de alcance limitado que no tocó el núcleo del problema. La pregunta que se instala es inevitable: ¿hasta cuándo los gestos simbólicos sustituirán a las reformas reales? Las familias de los más de 700 presos políticos que siguen esperando no tienen respuesta todavía.
