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Congresista exige expulsión de represores de EEUU y protección para cubanos y venezolanos

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Congresista exige expulsión de represores de EEUU y protección para cubanos y venezolanos

Los congresistas presentes hicieron un llamado a no politizar ni generalizar el debate migratorio, pues no todos los migrantes venezolanos y cubanos son criminales ni simpatizantes de regímenes autoritarios

Los congresistas solicitaron a la secretaria Noem una reunión privada para discutir las inquietudes sobre TPS y las políticas migratorias vigentes. (Captura de pantalla © Carlos Gimenez – X)

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez planteó en una audiencia reciente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos inquietudes clave sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump. El único congresista nacido en Cuba exigió a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, la expulsión de represores castristas de suelo estadounidense y defendió la protección para cubanos y venezolanos.

La sesión, celebrada el 13 de mayo de 2025, reunió a legisladores comprometidos con garantizar una política migratoria justa y segura, que proteja a quienes huyen de regímenes autoritarios sin permitir el abuso del sistema por parte de opresores.

Giménez estuvo acompañado por otros congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes expresaron su apoyo firme al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. La crisis política, social y humanitaria en Venezuela continúa forzando la migración masiva de ciudadanos que buscan refugio. Los congresistas solicitaron a la secretaria Noem, una reunión para discutir las inquietudes sobre TPS y las políticas migratorias vigentes.

Aunque el debate sobre los migrantes cubanos fue más breve, se reafirmó la intención de revisar el proceso I-220A y las deportaciones que afectan a la comunidad cubana. Se subrayó la importancia de diferenciar claramente entre refugiados legítimos y miembros del régimen represor. Giménez insistió en que quienes huyen de la dictadura castrista merecen protección, mientras que los represores no deben beneficiarse del sistema migratorio estadounidense.

Un punto central fue la denuncia sobre la presencia de represores cubanos en Estados Unidos que han obtenido asilo o ingresaron legalmente y que, según Giménez, nunca deberían haber sido admitidos. Reclamó la revisión de su estatus migratorio y su deportación inmediata.

En respuesta, la secretaria Noem aseguró que la administración trabaja para restaurar la integridad en los programas migratorios, incluyendo TPS, asilo y visa waiver. Confirmó que los casos de represores están siendo evaluados con plazos establecidos para asegurar que estén en el programa adecuado.

Este mensaje envía una advertencia clara a los opresores: EEUU no será un refugio seguro ni una jubilación para quienes han participado en la represión política. La Ley de Ajuste Cubano está destinada a proteger a perseguidos, no a persecutores, estableciendo un criterio básico para evitar la explotación del sistema migratorio.

La crisis migratoria cubana actual tiene raíces en decisiones políticas previas. En 2017, el expresidente Barack Obama eliminó la política de “pies secos, pies mojados”, que permitía a los cubanos obtener residencia rápida tras pisar territorio estadounidense. Esta medida generó un limbo migratorio que ha provocado tensiones y llevó al surgimiento del proceso I-220A durante la administración Trump. Es importante aclarar que la eliminación de esta política no corresponde a la administración Biden, sino a la de Obama.

Respecto al TPS para venezolanos, Giménez y sus colegas reclaman la extensión y mantenimiento de este estatus, debido a la crisis continua en Venezuela. La secretaria Noem destacó que el programa es temporal y que se esfuerzan en garantizar que solo quienes cumplen requisitos legítimos mantengan la protección. Además, alertaron sobre la inclusión indebida de individuos relacionados con grupos criminales, como el “Tren de Aragua”.

Durante la audiencia, se abordaron preocupaciones sobre la revocación temporal de permisos de trabajo y cambios en procesos de parole y asilo, que generan incertidumbre entre migrantes venezolanos y cubanos. Se aclaró que la suspensión o revisión de permisos no implica deportación automática, especialmente para quienes tienen solicitudes activas o se acogen a la Ley de Ajuste Cubano. El sistema migratorio contempla mecanismos para proteger a estas personas mientras se tramitan sus casos.

Posteriormente, el abogado Jesús Novo conversó con el periodista Mario J. Pentón para recomendar a los migrantes solicitar asesoría legal profesional para evitar errores que puedan afectar sus procesos migratorios. Aclaró que una entrevista o cita ante ICE no es señal de riesgo inmediato y que aquellos autorizados en el sistema E-Verify pueden continuar trabajando, pese a retrasos en la entrega de documentos físicos.

Paralelamente, las autoridades migratorias han intensificado la deportación de personas con antecedentes criminales, especialmente vinculadas a pandillas violentas como MS-13. Se han emitido órdenes de deportación expedita en algunos distritos judiciales, buscando equilibrar la protección a refugiados legítimos con el combate a la inmigración ilegal relacionada con delitos.

Los congresistas presentes hicieron un llamado a no politizar ni generalizar el debate migratorio, pues no todos los migrantes venezolanos y cubanos son criminales ni simpatizantes de regímenes autoritarios. Reiteraron la necesidad de apoyar a quienes realmente buscan seguridad y oportunidades, rechazando a quienes buscan aprovecharse del sistema o han participado en la represión.

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