Mientras la administración de Donald Trump mantiene una fuerte presión contra el régimen castrista, congresistas demócratas sostuvieron un encuentro con el presidente designado de la Isla, Miguel Díaz-Canel, y funcionarios del régimen, informó AP.
Periódico Cubano confirmó que la delegación del Partido Demócrata estuvo integrada por Mark Pocan, de Wisconsin; Teresa Leger-Fernández, de Nuevo México; Maxine Dexter, de Oregón; y Delia Catalina Ramírez, de Illinois.
Los legisladores llegaron el jueves y permanecieron en territorio cubano hasta el lunes, en el segundo viaje de representantes estadounidenses a la Isla durante los últimos tres meses.
Además de reunirse con Díaz-Canel, los congresistas mantuvieron intercambios con ministros, profesionales de la salud y empresarios. Asimismo, recorrieron diferentes zonas de La Habana para observar los efectos de la crisis económica y energética sobre la población.
This weekend, I visited Cuba to hear first-hand accounts about the humanitarian crisis unfolding on the island.
Even under such hardships, I heard from Cubans that desire a new relationship based on cooperation and diplomacy. That’s why we must end the blockade, the sanctions,…
— Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) July 13, 2026
Antes de regresar a EEUU, los legisladores aclararon que su presencia en Cuba no formaba parte de una negociación oficial entre Washington y La Habana. Pocan aseguró que no tenía conocimiento de conversaciones encaminadas a modificar las medidas energéticas vigentes.
Los demócratas acusaron al secretario de Estado, Marco Rubio, de convertir la política hacia la Isla en un asunto “personal y no profesional”. Las restricciones adoptadas por Washington en enero incluyen presiones sobre terceros países y empresas que suministren combustible al régimen cubano.
La medida ha agravado la escasez energética que enfrenta la Isla, aunque la crisis también responde a décadas de falta de inversiones, deterioro de la infraestructura, errores administrativos y políticas económicas del propio gobierno comunista.
Pocan explicó que una de las personas con las que conversó durante la visita describió la situación como una “Gaza silenciosa”, comparación que el legislador consideró acertada.
“Puede que no haya bombardeos, pero sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar su vida cotidiana. No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes”, declaró.
Leger-Fernández sostuvo, por su parte, que no tiene “ningún sentido obligar a un país a sufrir y a estar sometido a un asedio”. Los representantes responsabilizaron principalmente a las medidas estadounidenses por el deterioro observado, aunque durante sus declaraciones públicas no profundizaron en el peso de las políticas internas del régimen en la crisis.
Dexter, quien es médica, y Ramírez anunciaron que promoverán enmiendas en el Congreso para reducir los efectos de las sanciones sobre el sistema sanitario cubano. También pretenden impedir que Trump ordene una operación militar contra Cuba sin autorización legislativa.
La visita ocurre mientras ambos gobiernos mantienen contactos limitados y sin resultados públicos. Aunque funcionarios estadounidenses y cubanos han reconocido intercambios recientes, ninguna de las partes ha informado sobre avances que permitan una distensión.
Nuevas sanciones contra el gobierno cubano por parte de EEUU
En el marco de esta visita, el gobierno de Donald Trump extendió las medidas punitivas contra el régimen cubano al sumar a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) varias instituciones relacionadas con el turismo, el comercio exterior, el transporte marítimo y los mecanismos de control político y seguridad de La Habana.
Periódico Cubano verificó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro, incorporó entre los nuevos objetivos al Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales.
Las sanciones se amparan en la Orden Ejecutiva 14404, suscrita por Trump en mayo con el propósito de ampliar la capacidad de Washington para actuar contra funcionarios, organismos y compañías vinculados con la represión, la corrupción y las estructuras de seguridad del régimen.
