Estados Unidos prevé destinar en el año fiscal 2027 al menos 75 millones de dólares de fondos públicos a programas relacionados con Cuba, según un proyecto presupuestario aprobado este martes en comité por 35 votos a favor y 27 en contra.
La propuesta, impulsada dentro de la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, aún debe avanzar en el Congreso y el Senado antes de llegar a la firma del presidente Donald Trump.
El monto dirigido a Cuba, que sale de los bolsillos del contribuyente que paga impuestos en EEUU, queda dividido en tres partidas principales: 35 millones de dólares para programas de democracia y derechos humanos, 35 millones para la Oficina de Transmisiones a Cuba, responsable de Martí Noticias, y cinco millones adicionales para programas especiales sobre la isla En total, la cifra asciende a 75 millones de dólares.
La primera asignación, de 35 millones de dólares, estará destinada a iniciativas de apoyo a la sociedad civil independiente, promoción democrática y respaldo a presos políticos. Dentro de ese paquete se incluye una asignación mínima de siete millones de dólares para la National Endowment for Democracy, conocida por sus siglas en inglés NED.
Otra partida de 35 millones de dólares irá a la Oficina de Transmisiones a Cuba. Ese dinero financiará contenidos de radio, televisión, internet y otras comunicaciones dirigidas a la población cubana. El proyecto exige que las transmisiones por onda media y onda corta se mantengan, como mínimo, al nivel del año fiscal 2024, con alcance diario a todas las provincias cubanas.
Dentro de esos fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, 5.2 millones de dólares podrían retenerse hasta el siguiente ejercicio fiscal. Esa cantidad no representa dinero adicional, sino una subasignación incluida en los 35 millones destinados a Martí Noticias y otras plataformas informativas.
El proyecto mantiene para Cuba una cifra similar a la del año anterior, aunque dentro de un presupuesto global reducido. La asignación discrecional total será de 47.320 millones de dólares, lo que representa una disminución de 2.690 millones, equivalente al 6%, frente a los 50.000 millones aprobados para 2026.
A los 70 millones principales se suman cinco millones de dólares para programas especiales sobre Cuba. Estos recursos salen de una partida más amplia de actividades de comunicación internacional, cuyo valor total asciende a 540 millones de dólares.
También podrían utilizarse para mejoras de infraestructura, compra o alquiler de equipos, instalaciones de transmisión, tecnología digital y seguridad física.
El proyecto mantiene además restricciones severas sobre el uso de fondos federales. Prohíbe emplear dinero público para retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo o para reducir la lista de entidades cubanas sancionadas por el Departamento de Estado, en especial aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior o el conglomerado militar Gaesa.
Las limitaciones también alcanzan a personas y empresas privadas que mantengan relaciones comerciales con estructuras militares o de inteligencia del régimen cubano. No obstante, el texto conserva excepciones para ventas agrícolas, suministros médicos, remesas autorizadas, gastos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pagos vinculados a la base naval de Guantánamo y ayudas a la sociedad civil independiente.
Otra disposición exige que, en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor de la ley, el Secretario de Estado presente un informe sobre países y organizaciones que paguen directamente al Gobierno cubano por brigadas médicas.
El texto califica esos programas como posible “trabajo forzoso y trata de personas”. Los implicados podrían enfrentar veto de entrada a Estados Unidos, y quienes aparezcan durante dos años consecutivos perderían acceso a fondos de asistencia económica y de seguridad.
El congresista de origen cubano, Mario Díaz-Balart, quien elaboró todas las propuestas, defendió el dictamen como una política de “gasto responsable” centrada en la seguridad nacional. También afirmó que la mayoría republicana ha reducido el gasto en 11.700 millones de dólares desde que asumió el control.
