El Consejo de Ministros de Cuba aprobó esta semana el Acuerdo 10216, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 32. La normativa, que regula el comercio de bienes y servicios mediante plataformas tecnológicas con pagos en o desde el exterior, refuerza el control estatal sobre estas operaciones, un paso más en el intento de institucionalizar la economía digital en dólares en la Isla.
El Acuerdo 10216/2025 fue adoptado el 27 de agosto de 2025, y hecho público el 25 de febrero de 2026 para que entre en vigor. La intención es ordenar y regular las actividades comerciales en línea que impliquen ingresos en divisas.
Según la norma, el control recae sobre el Ministerio del Comercio Interior (Mincin), abriendo una nueva fase en la informatización de la sociedad cubana, amparada en el Decreto-Ley 370. Pero todo el control lo tendría el régimen.
Burocracia y costos de cumplimiento, la principal preocupación
A pesar de que la idea de potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior parecía prometedora, el Acuerdo 10216 ha suscitado numerosas preocupaciones. Para muchos, el proceso se convierte en un cúmulo de burocracia innecesaria, lo que eleva los costos operativos.
Requisitos como registros, contratos, reportes y supervisión fiscal se suman a una carga administrativa que podría resultar inviable para muchos emprendedores.
Además, las disposiciones complementarias necesarias para implementar la norma no han sido publicadas, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación efectiva del Acuerdo. Los plazos para adecuarse a la nueva normativa parecen demasiado ajustados, considerando las difíciles condiciones de la Isla, incluyendo las crisis de energía y combustibles que ya afectan a los sectores productivos.
El freno económico que representa el nuevo sistema tributario-cambiario
Un aspecto fundamental que preocupa a los actores económicos es el esquema tributario-cambiario propuesto en el acuerdo. El impuesto del 10% sobre las ventas en divisas, combinado con la obligación de convertir un 20% de los ingresos a pesos cubanos (CUP), podría ser un obstáculo insuperable para los emprendedores.
Este mecanismo podría reducir significativamente la disponibilidad real de divisas, afectando especialmente a las empresas que dependen de productos importados. Con proveedores, fletes y seguros en moneda fuerte, este esquema podría generar una caída en el inventario, aumentar los precios y forzar a los negocios a abandonar el mercado formal.
Posibles consecuencias de la prohibición a modelos transfronterizos
Una de las disposiciones más polémicas del Acuerdo 10216 es la prohibición de vender bienes a entidades extranjeras que luego los comercialicen dentro de Cuba a través de e-commerce.
Si bien esta medida pretende frenar las triangulaciones opacas, podría tener un impacto negativo en modelos de negocio legítimos, como los marketplaces y las intermediaciones. Sin alternativas claras, esta restricción podría perjudicar la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente y competitiva.
El Acuerdo exige que los ingresos derivados del comercio electrónico sean transferidos prioritariamente a cuentas bancarias cubanas, lo que podría ser problemático dado el aislamiento de la banca nacional y las restricciones de Estados Unidos.
Esto plantea dudas sobre si los proveedores internacionales estarán dispuestos a registrar sus pasarelas de pago en Cuba, especialmente con el panorama actual de sanciones y bloqueos.
La norma del Consejo de Ministros solo regula las actividades comerciales relacionadas con el Mincin, dejando fuera una parte importante del comercio electrónico que no está bajo su supervisión.
Servicios, modelos híbridos y la economía digital más amplia permanecen fuera del marco normativo, creando un vacío legal que podría resultar en situaciones ambiguas y problemas de implementación.
