La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido intervenir en el caso de Exxon Mobil, una de las mayores petroleras del mundo, que busca una compensación millonaria por la confiscación de sus activos en Cuba en 1960, cuando el régimen de Fidel Castro nacionalizó diversas empresas extranjeras.
El litigio se encuentra enmarcado dentro de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano. La decisión de la Corte podría tener repercusiones trascendentales para la política exterior de EEUU hacia Cuba.
La Ley Helms-Burton y el litigio de ExxonMobil
El caso se remonta a 1960, cuando Standard Oil (hoy ExxonMobil) perdió más de $72 millones tras la expropiación de su refinería y estaciones de servicio en Cuba. A pesar de la suspensión de la Ley Helms-Burton por diferentes administraciones, la reactivación de esta normativa bajo la administración de Donald Trump en 2019 permitió que empresas como Exxon movilizaran demandas contra Cuba. Con los intereses y daños triples, la demanda de Exxon podría ascender a cientos de millones de dólares.
El pleito se encuentra en una etapa compleja, debido a las leyes sobre inmunidad soberana, que protegen a los gobiernos extranjeros de ser demandados en tribunales de EEUU salvo que se den excepciones.
Exxon argumenta que la Ley Helms-Burton debe prevalecer sobre estas leyes generales, mientras que las entidades estatales cubanas, como la Corporación Cimex y Unión Cuba-Petróleo, han solicitado que el caso sea desestimado. Aseguran que la interpretación de la ley por los tribunales inferiores es incorrecta.
Este litigio no es único. En un caso paralelo, la Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que construyó un puerto en La Habana en 1905, también reclama una compensación por la expropiación de sus instalaciones tras la Revolución Cubana. La empresa ha demandado a las líneas de cruceros, como Carnival y Norwegian, por utilizar las instalaciones sin pagar, a pesar de que el gobierno cubano recibió pagos por las operaciones.
La demanda de la Havana Docks Corporation asciende a $440 millones, aunque los cruceros argumentan que el contrato original expiró en 2004, antes de que comenzaran sus operaciones.
Los casos están generando gran expectación, ya que no solo implican cuantiosas sumas de dinero, sino que también reflejan el cambio en la política estadounidense hacia Cuba. Durante la administración Obama, hubo intentos de acercamiento con Cuba, pero con Trump la relación se tornó más confrontacional.
La Corte Suprema podría establecer un precedente significativo sobre el alcance de la Ley Helms-Burton y permitir a empresas estadounidenses demandar al gobierno cubano en tribunales de EEUU. El fallo final de la Corte Suprema está programado para darse en la primera mitad del año 2026.
El Departamento de Justicia de EEUU ha mostrado su apoyo a la reactivación de estos casos. Argumenta que es vital para los intereses de la política exterior de EEUU que las víctimas de expropiaciones ilegales reciban compensación y que el gobierno cubano no continúe beneficiándose de los actos ilegales de expropiación.
